miércoles, julio 19, 2017

XXXIV ACCIÓN GLOBAL POR AYOTZINAPA Y MÉXICO



Al egresar, normalistas de Ayotzinapa exigen presentación de los 43

Piden frenar embestida contra el plantel
Egresados de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, generación 2013-2017Foto Sergio Ocampo
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 19 de julio de 2017, p. 11
Tixtla, Gro.
Unos 118 alumnos egresados de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, generación 2013-2017, denominada La voz de mis hermanos retumba mi corazón, demandaron la presentación con vida de sus 43 compañeros desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014.
De esa generación, al menos siete jóvenes no asistieron a la clausura. A Bernardo Flores Alcaraz lo desaparecieron en Iguala el 26 de septiembre; Eugenio Tamarit y Freddy Vázquez fueron atropellados y murieron en Atoyac, en enero de 2014; a Jonathan Morales Hernández y Filemón Tacuba los ejecutaron a balazos en la carretera Tixtla-Chilpancingo, en octubre pasado; Miguel Ángel Juárez y Julio César Ramírez fallecieron por causas naturales.
Los egresados de esta generación expresaron que en la normal de Ayotzinapa no sólo dejan su historial académico, sino la lucha por la presentación de los 43 desaparecidos en Iguala, quienes también eran sus hermanos de sangre.
El egresado Fructuoso Castro, quien habló en tlapaneco, dijo que en su estancia en la normal aprendió que la cultura le permitió enriquecer su capacidad de pensar, de analizar las reglas sociales y ser crítico.
Al mirar lo que nos ha hecho iguales, pero también distintos, con certeza podemos decir que donde hay educación no hay clases sociales. ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!, gritó al final de su discurso.
Los que menos tienen
Gerardo Bonifacio Gutiérrez, secretario general del comité estudiantil, recordó que a esta escuela, ubicada en el municipio de Tixtla, llegan los jóvenes de las familias pobres, los que tienen que dormir en el suelo, los que sufren hambre, que viven la carestía y las consecuencias del sistema capitalista.
“Aquí en Ayotzinapa aprendemos a estudiar, a trabajar y a organizarnos, como lo han hecho las 92 generaciones pasadas. Hoy hacen falta Jonathan, Filemón, Eugenio y Freddy, cuatro maestros rurales que no podrán impartir las clases en sus comunidades.
La sangre de los compañeros caídos en esta generación significa una responsabilidad para las generaciones que vienen. Los que cayeron defendiendo la matrícula, su academia y a la normal, merecen el mismo reconocimiento que los que egresan, manifestó.
El director del plantel, Víctor Gerardo Díaz, señaló que no puede dejar de manifestar que faltan 43 estudiantes, por lo que pidió al gobierno que los regresen con vida, ya que la normal de Ayotzinapa ha sido embestida por intereses mezquinos que tratan de aniquilar su historia y su esencia.

martes, julio 11, 2017

Integrantes del GIEI habrían sido espiados por dependencias oficiales de seguridad

  • A la luz, llamadas a celulares de los expertos con una liga al programa Pegasus
  • El caso fue revelado mediante una investigación dada a conocer ayer por el Citizen Lab
Emir Olivares Alonso y Dpa
 
Periódico La Jornada
Martes 11 de julio de 2017, p. 4
El primero de marzo de 2016, el principal enlace en México del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa recibió en su teléfono celular el siguiente mensaje de texto: ‘‘En la madrugada falleció mi padre, estamos devastados, te envío los datos del velatorio, espero puedas venir’’. Lo seguía un enlace con el que se abría la página de una agencia funeraria, pero que en realidad era un hipervínculo malicioso que al darle click ejecuta el programa de espionaje Pegasus, que la empresa israelí NSO Group vende exclusivamente a gobiernos.
Ese SMS provenía del número 55 5906 3534. Tres días después, desde otro número móvil (5552899427) llegó un nuevo enlace con un mensaje similar. Así lo reveló una investigación dada a conocer ayer por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, Canadá, que acredita que los integrantes del GIEI habrían sido víctimas de espionaje por parte de dependencias de seguridad del gobierno federal, como se denunció durante las sesiones efectuadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizadas la semana pasada en Lima, Perú.
El presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, consideró que esta revelación es extremadamente preocupante, por lo que demandó al gobierno mexicano una investigación con todas las garantías de independencia e imparcialidad, que establezca las responsabilidades tanto materiales como intelectuales de las supuestas acciones de espionaje.
De su lado, en un pronunciamiento de las siete organizaciones que respaldaron el informe titulado #GobiernoEspía, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y Artículo 19, éstas advirtieron que este caso es especialmente grave porque fue el propio Estado el que solicitó su presencia en el país para brindar asistencia internacional en el caso Ayotzinapa, mediante un acuerdo en que se les aseguraba inmunidad diplomática por tratarse de un grupo formalmente designado por la propia CIDH. Por tanto, el espionaje en su contra podría tener graves implicaciones en términos de derecho internacional y refuerza la necesidad de un panel internacional que supervise la indagatoria (que realiza la PGR), como lo han señalado los propios integrantes de la CIDH, advirtieron las agrupaciones.
EL Grupo de Expertos, conformado por cinco destacados expertos, se creó en acuerdo entre el organismo internacional, el gobierno de Enrique Peña Nieto y familiares de las víctimas a fin de investigar de forma imparcial sobre el ataque contra los normalistas en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, que dejó seis asesinados, varios heridos y 43 estudiantes que hasta hoy están desaparecidos.
Durante las audiencias de la CIDH la semana pasada, los comisionados informaron que habían recibido una carta de los miembros del GIEI en la que expresan sus sospechas de haber sido espiados.
Esta aparente vigilancia ilegal se dio en uno de los momentos en que la relación entre los expertos y la administración de Peña Nieto atravesaba por uno de los momentos de mayor tensión. Poco antes los investigadores denunciaron públicamente al gobierno por obstaculizar su trabajo y estaban a menos de dos meses de presentar su informe final, donde contradijeron la versión oficial de que los normalistas habrían sido calcinados en un basurero.
Además, el entonces secretario general de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, había sido denunciado por presuntamente hacer mal uso de los recursos que el Estado mexicano había otorgado para la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

sábado, julio 08, 2017

Padres de los 43 piden indagar detención de pistoleros apodados matanormalistas

  • Fueron capturados entre diciembre de 2016 y mayo de 2017: Movimiento por la Paz
  • Toda información que nos lleve a la verdad, tenemos que agotarla, destacan
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 8 de julio de 2017, p. 12
Chilpancingo, Gro.
Los padres de familia de los 43 estudiantes de la Normal de Ayot-zinapa desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014 anunciaron que solicitarán al gobierno federal que se investigue lo denunciado en La Jornada por el Movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan, que afirma que fueron detenidos –entre diciembre de 2016 y mayo de 2017– varios integrantes de la banda de Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, entre ellos a un grupo de pistoleros a los que apodaban matanormalistas.
Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia, explicó: “para nosotros es nueva la información. Desconocíamos lo que se informó en el diario La Jornada, pero lo importante es que todo lo que se relacione con el caso Ayotzinapa tiene que ser agotado como investigación para disipar dudas”.
En ese sentido, añadió, vamos a exigir (al gobierno federal) que se agote la investigación porque hay muchos elementos, aparentemente, que nos pueden ayudar. Uno de ellos precisamente pudiera ser éste (el denunciado por el Movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan), porque hoy no podemos detenernos, y toda información que nos lleve a la verdad, tenemos que agotarla, insistió.
Felipe de la Cruz señaló que “el gobierno de México y la Procuraduría General de la República habían mentido desde el inicio, y que su ‘verdad histórica’ nunca existió, pese a que (su entonces titular), Jesús Murillo Karam, mencionaba que los jóvenes (estudiantes) habían sido quemados con todas sus pertenencias.”
Pero hoy, con los resultados de las investigaciones, quedó claro que retardaron la respuesta con la intención de que esto quedara en el olvido, pero demostramos al gobierno que no nos van a derrotar, y que vamos a seguir insistiendo para que se sepa la verdad.

viernes, julio 07, 2017

Celulares de alumnos siguieron activos tras el 27 de septiembre

  • Admiten enviados de México en audiencia ante la CIDH
  • Contradice la verdad histórica de PGR, sostienen abogados de los 43
Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Viernes 7 de julio de 2017, p. 7
Representantes del gobierno mexicano reconocieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que al menos nueve teléfonos celulares y tres chips de algunos de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde hace más de 33 meses estuvieron activos y en funcionamiento después de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Este señalamiento coincide con una de las conclusiones que en abril de 2016 presentó en su informe el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la CIDH para investigar el caso.
Además, contradice la llamada verdad histórica, que en su momento presentó como versión oficial la Procuraduría General de la República (PGR), en la que argumentó que los estudiantes fueron incinerados con todo y sus pertenencias entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre.
Durante la audiencia del Mecanismo especial de seguimiento del caso Ayotzinapa de la CIDH, celebrada ayer en el 163 periodo extraordinario de sesiones del organismo internacional en Lima, Perú, Alfredo Higuera Bernal, fiscal de la oficina especial para el caso Iguala de la PGR, indicó que al atender las recomendaciones del GIEI para investigar la telefonía celular, se encontró que 32 números vinculados a los normalistas se pueden relacionar con el momento del ataque y los posteriores.
Cabe señalar que familares de las víctimas e integrantes de organizaciones de derechos humanos que los acompañan (los centros Miguel Agustín Pro Juárez y de la Montaña Tlachinollan) han exigido a las autoridades durante varios meses, que sigan esa línea de investigación.
Higuera Bernal detalló: Tres de los chips fueron utilizados con posterioridad a los hechos; tenemos los nombres específicos de los (normalistas) a los que corresponden. En el caso de los aparatos telefónicos, fueron nueve los que siguieron en uso. Hay uno de esos equipos asegurado y obtuvimos la autorización judicial para extraer toda la información posible. La Policía Federal se encuentra en estos momentos indagando respecto a todos aquellos que usaron esos aparatos con posterioridad. Esto, para descartar todas las posibilidades, ya que en el país es muy fácil adquirir una línea usada.
Esta información, agregó el fiscal, concuerda con lo que en su momento planteó el GIEI (hace más de un año): los aparatos y chips correspondientes en números que se ha indicado (eran) de los estudiantes, no fueron destruidos en la fecha de los hechos, siguieron en uso. Eso está confirmado técnicamente.
En tanto, Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh, puntualizó que la afirmación del fiscal echa por tierra la versión de que los estudiantes y sus pertenencias fueron calcinados en el basurero de Cocula.
Cuestionó a la representación gubernamental –encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa– las razones por las que no se investigaron esas líneas telefónicas desde octubre, noviembre o diciembre de 2014.
¿Por qué en esos meses, en lugar de ir a buscar esos teléfonos y preguntar por qué los tenían quienes los portaban, el Estado más bien se dedicó a difundir una versión sin prueba científica?
En cuanto al quinto autobús y el tráfico de drogas de Iguala a Chicago, Estados Unidos, como móvil del ataque contra los normalistas –otro de los señalamientos del GIEI–, el funcionario de la PGR indicó que pruebas periciales, testimonios y revisiones al vehículo confirmaron que no hay datos de estupefacientes directamente ligados a ese camión. Aunque explicó que la unidad no fue asegurada por las autoridades el día de los hechos, sino días después, por lo que el trasiego de sustancias prohibidas seguirá siendo una línea de investigación en la que se profundizará.
Al reclamar la impunidad en que se encuentra el caso, uno de los padres de los 43 normalistas aseveró que se presentaban ante la CIDH desesperados, porque casi tres años después de la desaparición no tienen noticia del paradero de sus hijos. No vamos a aceptar ninguna verdad que no sea apegada a argumentos científicos.
Los comisionados de la CIDH y las víctimas hicieron un llamado urgente al Estado mexicano para que amplíe las indagatorias y agilice los procesos con la finalidad de dar con el paradero de los jóvenes, sancionar a los responsables y alcanzar la verdad y la justicia.

miércoles, julio 05, 2017

La Gavia, posible clave del caso Ayotzinapa

Revelan en Totolapan que un grupo llamado matanormalistas secuestró a unos 20 alumnos 
El municipio de San Miguel Totolapan, ubicado en la Tierra Caliente, tiene 115 comunidades, se calcula que tenían 24 mil habitantes, de los cuales quedan unos 12 mil, el resto huyó por la violenciaFoto Sergio Ocampo
Sergio Ocampo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 5 de julio de 2017, p. 36
San Miguel Totolapan, Gro.

En La Gavia, un pueblo que durante nueve años fue presuntamente el centro de operaciones de Los Tequileros, podría despejarse la incógnita del paradero de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014.

Integrantes del Movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan afirman haber detenido entre diciembre de 2016 y mayo de 2017 a varios integrantes de la banda de Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero; entre ellos había un pequeño grupo de pistoleros a los que apodan Los Matanormalistas.

Los informantes aseguran que Raybel Jacobo y el resto de su banda no han sido detenidos por las fuerzas policíacas, porque se descubriría el destino de los normalistas.

Aseguran que en los interrogatorios los tequileros contaron cómo llevaron por brechas, desde el municipio de Cocula, colindante con el de Iguala, entre varios poblados hasta llegar a La Gavia, a unos 20 jóvenes presumiblemente normalistas, entre la noche del 26 y la mañana del 27 de septiembre de 2014.

De 500 habitantes –de los cuales sólo quedan dos, pues todos huyeron por la violencia que ejercen Los Tequileros–, La Gavia es una de las 115 comunidades del municipio de San Miguel Totolapan, en la región Tierra Caliente, que colinda al norte con Arcelia, al sur con Atoyac, al oriente con Heliodoro Castillo y Apaxtla (con proximidad a Cocula) y al oeste con Ajuchitlán del Progreso, que se caracterizan por la siembra de goma de opio y por cuyas veredas circulan los grupos delincuenciales que se dedican al trasiego de los cultivos ilícitos.

Durante 2014, en varios poblados de la Sierra Madre del Sur, ocurrieron incursiones de un grupo armado que se presume eran Los Guerreros Unidos para llevarse consigo a decenas de personas secuestradas.

Se dice que estas personas plagiadas masivamente eran obligadas a caminar por veredas para burlar los retenes en las carreteras hasta llegar a La Gavia. Se menciona que al menos El Tequilero realizó unos 200 secuestros, varios de ellos masivos, de mineros, comerciantes y maestros, así como de pobladores durante sus incursiones en comunidades.

En los interrogatorios, los matanormalistas revelaron a los integrantes del Movimiento por la Paz que habrían asesinado a varios jóvenes y los enterraron en las faldas aledañas al poblado de La Gavia. Incluso presumieron que podían señalar el lugar exacto donde los inhumaron.

Estas afirmaciones y las declaraciones de tequileros detenidos fueron entregadas al Ministerio Público por parte del Movimiento por la Paz, sin que supieran si fueron investigadas hasta la fecha.

En cambio, el pasado 12 de mayo, corporaciones policíacas irrumpieron en la cabecera municipal para desarmar a los integrantes de grupos de autodefensas, pese a sus exitosos resultados en seguridad.

Para los miembros del Movimiento por la Paz, lo que revelaron matanormalistas tenía mucho sentido porque en varias mantas posteriores a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, aparecía el nombre de Vicente Popoca como uno de las personas a las que presuntamente entregaron a los jóvenes.

En la región se sabía que Popoca, integrante de Los Guerreros Unidos, era quien había reclutado a los integrantes de la banda de Raybel Jacobo, incluidos dos de sus hermanos, uno de ellos conocido como El Verde o El Perico.

El 17 de octubre de 2014, en una barda de la colonia San José, en Iguala, fue colocada una manta en la que se señalaba a pistoleros que se llevaron a los estudiantes normalistas, entre ellos el nombre de Popoca, a quien llaman Chente Popoca.

El Movimiento por la Paz asegura que el diputado priísta con licencia Saúl Beltrán Orozco es la cabeza de esa estructura delictiva, y que por las mismas razones no detienen a Raybel Jacobo. El gobierno del estado y el federal tampoco actúan contra el político.

Incluso a través de su despacho Olea y Asociados, ubicado en Lomas de Chapultepec, en Ciudad de México, el fiscal estatal Xavier Olea defiende a Saúl Beltrán, a quien le promovió un amparo.

El municipio de San Miguel Totolapan, ubicado en la Tierra Caliente, se calcula que tiene 24 mil habitantes, de los cuales quedan más de 12 mil; el resto huyó por la violencia.

El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que espera que la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la PGR, la Policía Estatal y la fiscalía estatal detengan a quienes han causado dolor, terror, miedo, pánico, y (que) los pueblos puedan regresar con regularidad.
En conferencia de prensa manifestó que de los pueblos abandonados por la violencia, La Gavia es el más significativo, pero en Chilapa también ocurre.

Con relación a la denuncia que hizo el Movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan, en el sentido de que Los Tequileros pudieran estar relacionados con la desaparición de los 43 normalistas, declaró: no tengo ninguna información al respecto, es la primera ocasión que escucho eso.

Agregó que no me atrevería yo a contestar alguna cosa en sentido negativo o afirmativo, porque no tengo ninguna información al respecto.

Astudillo Flores reiteró su postura respecto al diputado local del PRI, Saúl Beltrán Orozco, al que se señala de encabezar al grupo de Los Tequilerosla posición es la misma, que la ley debe observar, y quienes están al mando de las investigaciones. Nadie está exento en mi gobierno de ser investigado, y ser procesado si es que así ameritan las circunstancias.

martes, junio 27, 2017

Exigen a las autoridades de todo el país cesar la represión contra normalistas


  • Demandan juicio político a Silvano Aureoles por el ataque a los estudiantes de Tiripetío
  • Marchan cientos en Ciudad de México para que se les brinde verdad y justicia en el caso Ayotzinapa
César Arellano García
 
Periódico La Jornada
Martes 27 de junio de 2017, p. 12

Padres y familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, exigieron a las autoridades federales, estatales y municipales cesar el hostigamiento contra los normalistas de las 16 escuelas rurales del país.

Ante la represión policial contra los alumnos de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, en el municipio de Morelia, que dejó cuatro estudiantes heridos, uno de ellos por arma de fuego, exigieron juicio político contra el gobernador Silvano Aureoles.

De acuerdo con cifras oficiales del gobierno capitalino, unas 600 personas marcharon del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, en Ciudad de México, como parte de la 33 acción global por Ayotzinapa.

Vidulfo Rosales, abogado de los padres de familia, señaló que los ataques contra normalistas tienen más de una década y se han profundizado en los años recientes. La ofensiva llegó a su máxima expresión el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, con la desaparición de los 43 estudiantes.

Confió que en los próximos días la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará un informe con las denuncias de tortura hechas por los detenidos.

Dijo que a partir del 25 de septiembre realizarán jornadas de lucha, que incluirán varias movilizaciones en ocho entidades del país y concluirán el 26 de ese mismo mes, cuando se cumplen tres años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Durante el trayecto realizaron una parada en el Antimonumento a los 43, dedicado a los normalistas desaparecidos y ubicado en Paseo de la Reforma. Reiteraron que no hay voluntad de las autoridades de procuración de justicia federal para esclarecer el caso. Este gobierno pretende cerrar, ocultar el tema, como lo ha hecho ante las instituciones internacionales de no querer hablar sobre el tema de Ayotzinapa.

Agregó que el próximo 6 y 7 de julio, una comisión de padres de los desaparecidos asistirá a Lima, Perú, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevará a cabo audiencias extraordinarias para evaluar los avances en las investigaciones de la Procuraduría General de la República, en las cuatro líneas de investigación que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la comisión interamericana, recomendó agotar.

Asimismo, añadió que en agosto se reunirán con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y dos semanas después con las autoridades de procuración de justicia del gobierno federal para exigir que presenten avances de las indagatorias.

lunes, junio 26, 2017

Sin verdad ni justicia, se cumplen 33 meses de la desaparición de normalistas de Ayotzinapa

A partir de las cuatro de la tarde realizarán marcha del Ángel a la Alameda
Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Lunes 26 de junio de 2017, p. 11

Treinta y tres meses después de los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, no hay ningún avance en las indagatorias realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR) que genere confianza entre las familias de las víctimas ni certidumbre sobre el paradero de sus hijos. Mucho menos han podido acceder a la verdad y la justicia.

Ante los nulos resultados en las indagatorias sobre el caso, los padres de los 43 normalistas desaparecidos han emplazado a la dependencia de procuración de justicia del gobierno federal a entregar, a más tardar en la segunda semana de agosto, resultados concretos sobre los avances en las cuatro líneas de investigación que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó agotar.

En ese contexto, este lunes se realizará una acción global más por Ayotzinapa, la número 33, la que recuerda que han pasado dos años y nueve meses sin mayores avances en las indagatorias, sin que haya castigo para los responsables, sin que se conozca la verdad y los porqués de los hechos, y con una prolongada ausencia de los 43 normalistas, señalaron familiares de las víctimas.

Las líneas de investigación en las que exigen mayores avances son: la probable participación del Ejército en la agresión contra los 43 estudiantes, el análisis de los datos de telefonía celular tanto de los jóvenes como de sus agresores, el supuesto involucramiento de policías federales y municipales de Huitzuco (municipio cercano a Iguala) en la desaparición de algunos alumnos y que se explore la hipótesis de que la agresión del 26 y 27 de septiembre de 2014 contra sus hijos estuvo motivada porque tomaron accidentalmente un autobús de pasajeros que transportaba droga del trasiego de Iguala a Chicago, Estados Unidos.

El abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, ha señalado en varias ocasiones que la falta de resultados en las investigaciones sobre lo ocurrido hace 33 meses es parte del continuo de impunidad que se vive en México desde hace décadas para dejar sin castigo múltiples casos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones graves a los derechos humanos.

Para poder ser escuchados nuevamente por representantes del gobierno federal, los padres de los normalistas tuvieron que mantener un plantón por 26 días (del 20 de abril al 16 de mayo de este año). Debido a esa medida de presión funcionarios gubernamentales hicieron el compromiso de retomar las cuatro líneas de investigación propuestas por el GIEI.

Sin embargo, en la más reciente reunión (el 31 de mayo pasado) entre los familiares y representantes del gobierno de Enrique Peña Nieto, estos últimos entregaron a los padres un cronograma que fija fechas para dar avances y algunas se postergan hasta octubre.
De ahí la exigencia de los afectados de que sea en agosto, y no después, cuando el gobierno brinde respuesta.

Así, se espera que durante la manifestación de este lunes a las cuatro de la tarde, que irá del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez en Ciudad de México, demanden una vez más la entrega de esos avances, así como verdad y justicia sobre el caso. Y es que, insistieron, ya han pasado muchos meses y las indagatorias ya deben ser dadas a conocer. Hemos dado el suficiente tiempo y espacio para avanzar en esos puntos, ha insistido Rosales.

domingo, junio 25, 2017

Nunca acaba la infamia de los 43 de Ayotzinapa Diana del Ángel: Procesos de la noche


Elena Poniatowska
Diana del Ángel, joven poeta, ensayista y defensora de derechos humanos, ganadora de la Primera Residencia de Creación Literaria Ventura/Almadía en Oaxaca, gracias a la cual pudo terminar Procesos de la noche  Foto archivo de Poniatowska

E
l cuerpo de Julio César Mondragón fue abandonado en una calle de Iguala y quienes lo torturaron querían que su mensaje no pasara inadvertido; esto se ve desde el momento en que alguien –no se sabe quién– tomó la fotografía que circuló en las redes sociales. Así es como Marisa Mendoza se enteró de que el cuerpo expuesto era el de su marido y el padre de su hija Melisa, quien acababa de cumplir dos meses.
Diana del Ángel acompañó a la familia Mondragón y a la abogada Sayuri Herrera durante más de dos años en un largo proceso que culminó con la exhumación del cuerpo del estudiante normalista de Ayotzinapa. Durante todo este tiempo, Diana no dejó de escribir en una libreta todo lo que veía y sentía. Testigo de la burocracia gubernamental y jurídica, se indignó con la forma descarada con la que la ley entorpece la búsqueda de la verdad.
El peregrinar de la autora junto a los protagonistas de esta tragedia empezó un 2 de noviembre de 2014 con la ofrenda del Día de Muertos que Afrodita Mondragón, mamá de Julio, pone en su casa. La descripción de la ofrenda en una fecha tan significativa para los mexicanos es el punto de partida del dolor de la madre, la esposa, el hermano y los tíos de Julio (también normalistas). Los panes, la fruta, los dulces, las veladoras y la cera nueva que dejan los vecinos frente al altar alimentan la pesadilla que significa ser joven, ser pobre, ser indígena y ser estudiante normalista en México.
¿Por qué tanto odio a los normalistas?
El paisaje de fondo de estas páginas que jamás debieron escribirse nos golpea, porque en un país normal esta joven ensayista estaría dedicada al estudio de la poesía de César Vallejo, Jaime Sabines y Carlos Pellicer, o a la poesía y la prosa de Rosario Castellanos, de Juan Rulfo, José Revueltas o Juan Villoro o José Emilio Pacheco o a las crónicas de Monsiváis o Fabrizio Mejía Madrid, en lugar de descender al abismo para documentar nada menos que un desollamiento, que en cualquier país del mundo –si es que se practica– es sinónimo de locura, de barbarie, de salvajismo y de monstruosidad.
Miro el rostro de la niña Diana del Ángel y me pregunto en qué país vivo, en qué país una niña como ella se pone a investigar una muerte y a acompañar a una familia entera en el estado de Guerrero en vez de vivir sus años de estudiante a la sombra de ahuejotes, árboles de chirimoyas, guanábanas y naranjos. ¿Qué país es este, señoras y señores, diputados y senadores, para que una niña tenga que sentarse a escribir no sólo sobre el asesinato, sino del desollamiento?
¿Por qué nadie la llevó a la playa? ¿Por qué nadie le cortó buganvilias? ¿Quién le dijo: Siéntate y acuchíllate y escribe sobre este suceso atroz que finalmente nos concierne a todos? ¿Qué diría Elena Garro, quien pasó toda su infancia en Iguala subida en los árboles frutales de la casa paterna jugando con su hermana Devaki al enterarse de que 60 años más tarde en vez de escribir una ronda de limón partido, dame un abrazo que yo te pido, Diana intentaría explicarse el significado de la muerte sin rostro del normalista Julio César Mondragón?
Diana del Ángel es una joven poeta, ensayista y defensora de derechos humanos, ganadora de la Primera Residencia de Creación Literaria Ventura/Almadía en Oaxaca gracias a la cual pudo terminar Procesos de la noche, libro que impacta y conmueve profundamente al ver reflejadas en sus páginas la impotencia, la angustia y las tramposas peripecias jurídicas que tuvieron que sufrir los familiares y la abogada de Julio César Mondragón, torturado y asesinado el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, en una de las noches más negras de nuestra reciente historia, cuando 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecieron y otros nueve fueron asesinados.
La palabra desollado –escribe Diana– aparece 183 veces en 134 documentos históricos “según el corpus diacrónico del español”. Procesos de la noche se suma a esa cifra porque se vincula inevitablemente al destino de Julio César Mondragón.
Las palabras ligadas a Julio Mondragón que Diana del Ángel consigna en su texto son desolladotorturavíctimainhumar y exhumar. Son tan horrendas que hacen que uno se pregunte si quizás en algunos años reinhumar no sea el triste aporte de México a la Real Academia de la Lengua como ya lo fue feminicidio. Porque en estas tres palabras (inhumar-exhumar-reinhumar) se sostienen las casi 200 páginas de un libro que combina crónica y ensayo en una apuesta a la memoria y a la solidaridad.
Si hay algo que salta a la vista es la inmensa solidaridad de la autora con la víctima. A lo largo de su relato, Diana la ensayista intercala testimonios de amigos, compañeros y familiares en un intento por reconstruir el rostro de Julio César Mondragón.
El 17 de agosto de 2015 se inicia el trámite en el Primer Juzgado del Tribunal Superior de Justicia de Iguala para pedir la exhumación del cuerpo y que en la necropsia intervenga el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Luego vendrán la Procuraduría Judicial de Guerrero, el Servicio Médico Forense de Iguala, el Museo Tecnológico de la Comisión Nacional de Electricidad (segunda reunión de la Presidencia de la República con familiares), el Salón Presidentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el Registro Nacional de Víctimas en la colonia del Valle, el Panteón de San Miguel Tecomatlán, estado de México, la Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República (PGR) en Ciudad de México, Jalapa, Veracruz…
Una vez que se logra la exhumación del cuerpo de Julio tanto los peritos argentinos como los designados por la PGR coinciden en que la muerte se produjo por tortura y no por arma de fuego, pero no se ponen de acuerdo en cuanto al desollamiento, y en este punto sólo pueden hablar de sus diferencias. Desde que se exhumó el cuerpo hasta la reinhumación pasaron más de tres meses: por tres juzgados de la República, de llamadas, negativas, solicitudes, negativas, peticiones, negativas, exigencias, negativas, negligencia, insensibilidad.
El cuerpo de Julio César Mondragón, tal como consigna de manera impecable Diana del Ángel, no tuvo paz desde la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando murió a causa de tortura: una primera autopsia plagada de irregularidades (el perito puso el globo ocular que se había desprendido dentro del pecho sin dejar constancia de ello); exhumado y sometido a una necropsia que implicó desprenderle el cráneo y tallar parte de sus huesos; almacenado en una morgue por más de tres meses debido a la burocracia judicial y finalmente reinhumado en un segundo sepelio al que su abuelo, Teófilo Raúl Mondragón –quien siguió el proceso desde el principio–, no pudo asistir porque murió en el transcurso de las gestiones.
En estas páginas vemos a una familia destruida que tiene que pasar dos veces por el mismo infierno; una justicia cuya ineficacia e insensibilidad asquean; pero, sobre todo, una serie de antesalas, de esperas, de ires y venires, en las que lo que salta a la vista es el nulo interés por indagar la verdad y por demostrar un mínimo de calidad humana.
El de Julio César Mondragón es uno de los casos más vergonzosos de nuestro país y de toda América Latina.
Procesos de la noche nos insta a no olvidar ni a dejar que la inercia nos gane: para que no se repita la historia, para que jóvenes talentosos como Diana del Ángel nunca más tengan que ser los cicerones de este dantesco infierno en que se ha convertido México.
Alguna vez, si conociera yo a Diana del Ángel, aunque sólo fuera de pasada, me gustaría atreverme a abrazarla y sobre todo a pedirle perdón por no ser capaz de levantarnos en vilo para ofrecerle otro país.
PD: Qué bueno que Almadía Ediciones y Guillermo Quijas, además de los consagrados como Vasconcelos, Le Clézio, Pitol, Villoro, Fadanelli, Alberto Manguel, Fabrizio Mejía Madrid y otros edite a una autora joven con un trabajo excepcional acerca de un tema que a todos nos debería de doler como a ella.

miércoles, junio 21, 2017

Caracas exige en la OEA verdad y justicia para el caso Ayotzinapa


  • Presenta propuesta para emitir una declaración contra el muro de Trump
  • Expresa su solidaridad con los familiares de los 43 y demanda reparación del daño
John Sullivan, subsecretario de Estado de Estados Unidos, arriba al salón donde se realiza la 47 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en Cancún, Quintana RooFoto Afp
Georgina Saldierna y Blanche Petrich
Enviadas
Periódico La Jornada
Miércoles 21 de junio de 2017, p. 3
Cancún, QR.
Ante el reiterado señalamiento del gobierno mexicano de que en Venezuela se ha roto el orden democrático, la administración de Nicolás Maduro respondió ayer con la presentación ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) de dos propuestas de resolución relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la construcción del muro en la frontera norte por parte de Washington.
En el documento acerca de los jóvenes normalistas, Venezuela manifiesta su solidaridad con los familiares de las víctimas y exige la verdad, justicia y reparación del daño, tanto para éstos como para la sociedad en su conjunto. Condena toda política estatal que, por acción u omisión, haya promovido, propiciado o ejecutado la desaparición forzada de personas o bien realizado ejecuciones extrajudiciales, con la finalidad de fomentar el control social y el amedrentamiento a la población en desmedro de los derechos humanos.
Acerca del muro fronterizo, manifiesta su rechazo y consternación ante la decisión del gobierno de Estados Unidos de construir una barda que separe al pueblo de ese país de los latinoamericanos y el resto del mundo. Pide construir puentes de respeto a los derechos humanos, tolerancia, distribución equitativa de la riqueza y alcanzar la igualdad ante la amplia brecha entre ricos y pobres.
Los dos planteamientos forman parte de un paquete de 10 que la delegación venezolana presentó ante la 47 Asamblea General de la OEA. Las propuestas fueron remitidas a la comisión general, presidida por el mexicano Luis Alfonso de Alba, la cual definirá si se remiten a otras comisiones relacionadas con los temas a los que aluden o si existe alguna posibilidad de que sean puestas a la consideración del pleno este miércoles.
El lunes, familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa viajaron de Guerrero a este centro turístico para manifestarse ante los participantes de la asamblea. Sin embargo, un kilómetro antes de llegar a su objetivo, en el perímetro de seguridad que se instaló en torno a la sede del evento –un conocido hotel ubicado en la carretera que conduce a Playa del Carmen–, fueron detenidos por elementos de las policías Federal y estatal, que no permitieron que se instalaran en plantón y los amenazaron con desalojarlos por la buena o por la mala.
Delcy visita a familiares
Los parientes de los jóvenes desaparecidos desde hace más de dos años se replegaron y se instalaron lejos de la zona hotelera, en la escuela Kukulkán.
Y hasta ahí llegó la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, para hacer patente su solidaridad con ellos.
Mayra Telumbre, tía del estudiante desaparecido Cristian Rodríguez, explicó que el grupo de Ayotzinapa viajó al Caribe mexicano para decir claramente a los países del hemisferio que en México no hay derechos humanos.
La luchadora relató que la canciller venezolana les aseguró que su presencia en Cancún, aún lejos del lugar de la reunión, le dio gran fuerza a la hora de enfrentarse a la reunión de consulta de ministros de la OEA, realizada el lunes, de donde se retiró sin escuchar el debate.
Por su parte, el diputado Julio Chávez, del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien acompañó durante horas a los guerrerenses, aseguró que el contacto directo que ha entablado el gobierno de su país con este grupo de víctimas es parte de la solidaridad latinoamericana.
Les informamos cómo son en realidad las cosas en mi país, donde una oposición alocada siembra el terror en la calle. Dijo que los de Ayotzinapa fueron invitados a Venezuela a presenciar la convocatoria de la Asamblea Constituyente. También serán invitados al Foro de Sao Paulo, que se realizará el 17 de julio en Nicaragua.
El autobús que transportó al colectivo de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos salió el domingo de Chilpancingo y em su trayecto fueron detenidos por policías en Puebla, Veracruz y Quintana Roo.
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martes, junio 20, 2017

Venezuela le revira al Gobierno de EPN: presenta 10 resoluciones a la OEA, una sobre Ayotzinapa


El Gobierno venezolano, representado en la Asamblea General por su Canciller Delcy Rodríguez, respondió a la presión de México sobre su Gobierno con diez proyectos de resolución en la 47 Asamblea General de la OEA, entre ellos uno sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y otro sobre el muro que Estados Unidos.

viernes, junio 16, 2017

Ayotzinapa: 43 barcos para el retorno


Juan Carlos Ruiz Guadalajara*
E
n los primeros meses posteriores a la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ejecutada la noche del 26 de septiembre del 2014, esta benemérita institución fue sede de una febril actividad por parte de estudiantes normalistas rurales del país, de familiares de los desaparecidos y de muchas organizaciones civiles que acudieron a dar soporte en la búsqueda de los estudiantes y en la exigencia de justicia frente a los asesinatos de aquella noche atroz. En medio de estos imperativos, la normal continuó sus actividades en un ambiente de profunda desesperación al ver pasar los días sin una intervención eficaz de las autoridades para recuperar a los futuros maestros rurales. En este contexto surgió un poderoso destello de humanidad y de esperanza: un grupo de niños de Tixtla, quienes acudían regularmente a la ludoteca de la normal y que vivían con toda su crudeza el desasosiego de los padres, solicitaron con insistencia a sus maestras una clase especial sobre cómo hacer barcos de papel. Aprendida la lección, los niños armaron una flota de 43 barcos que botaron en las aguas del río más cercano, convencidos de que llegarían a los normalistas desaparecidos para que en ellos pudieran emprender el retorno a Ayotzinapa. Este episodio, verdadera ofrenda a la vida, es un significativo mensaje para una sociedad mexicana que ha sido inoculada con muerte y odio a fuerza de corrupción e impunidad. Mas no ha sido el único.
A lo largo de los ya casi tres años de la histórica herida de Ayotzinapa y de la irrenunciable búsqueda de la verdad, se han presentado múltiples acciones ciudadanas de solidaridad y respeto hacia los padres de los 43 desaparecidos y hacia los normalistas rurales. La mayoría de esas expresiones no se conoce, a pesar de que merecen un mínimo apunte que las proteja del olvido. Una de ellas, por ejemplo, está representada por el plantón por los 43 que fue instalado en el Paseo de la Reforma, frente a la Procuraduría General de la República (PGR), inmediatamente después de los acontecimientos de Iguala. Sostenido con la presencia y recursos de un grupo de ciudadanos libres que ha entregado los recientes tres años de su vida a la causa de la verdad y a la defensa del normalismo rural, el plantón es una de las muestras más grandes de fraternidad y solidaridad que se puedan encontrar en nuestro país, convirtiéndose en un acicate para la PGR y en una embajada de los padres de los 43 que mantiene viva, en una de las principales calles de México, la conciencia de la tragedia de Ayotzinapa y de muchos otros crímenes sin resolver.
Otro episodio desconocido, no obstante su enorme valor humano, sucedió el pasado mes de febrero en la Sierra Norte de Puebla, cuando en respuesta a una invitación de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske arribó a Cuetzalan una caravana integrada por padres de los 43 normalistas desaparecidos, por normalistas de Ayotzinapa (Guerrero), Tiripetío (Michoacán), Saucillo (Chihuahua), Amilcingo (Morelos) y Teteles (Puebla), así como por miembros del plantón por los 43 y por Cheryl Angel en representación de la tribu Lakota, de Estados Unidos. La acción, coordinada entre Tosepan y OraWorldMandala (Programa de Extensión Universitaria en México de la Gujarat Vidyapith, universidad fundada por Mahatma Gandhi en 1920), además de buscar la hermandad entre los normalistas rurales con los pueblos nahuas, tutunakus y mestizos que integran las cooperativas de Tosepan, sentó las bases de un diálogo dirigido a explorar programas de educación rural con el enfoque de la no-violencia activa, del desarrollo de la autonomía, la descentralización y la dignidad de los pueblos con base en el Programa Constructivo de Mahatma Gandhi.
Esa hermandad entre normales rurales y pueblos de la Sierra Norte nació, además, bajo el mejor de los augurios: la noche del viernes 17 de febrero, en un gesto poético, los miembros del pueblo masehual de Tosepan recibieron a la caravana en San Miguel Tzinacapan, por haber sido este histórico pueblo el sitio al cual llegó en 1927 el profesor Raúl Isidro Burgos para extender su grandiosa y revolucionaria misión educativa por la Sierra Norte de Puebla tres años antes de llegar a Ayotzinapa, Guerrero. La huella de este incomparable maestro en la memoria local fue tan profunda, que en 1945 las autoridades de Tzinacapan iniciaron la construcción de su edificio escolar, al cual bautizaron Edificio Maestro Raúl Isidro Burgos, hecho perpetuado en una lápida de 1949. Sabedores del valor que tienen para la patria los maestros rurales, los nahuas de Tzinacapan albergaron y alimentaron a los miembros de la caravana, en un imborrable acto de amor para con los normalistas y sus aliados.
Frente a la violencia que el poder promueve contra las normales rurales, el único antídoto es la información, el diálogo, el conocimiento y la no-violencia. Sólo de esta manera aquellos mexicanos que en su ignorancia son movidos por el odio y la irracionalidad podrán ver con nitidez el rostro verdadero de las y los normalistas rurales, un rostro cargado de futuro, y sólo así podrán entender la magnitud de lo que sucedió en Iguala: un crimen de lesa humanidad ejecutado por autoridades de todos los niveles de gobierno, militares incluidos, en complicidad con el crimen organizado que domina el territorio guerrerense.
Dedicado a las compañeras normalistas de Cañada Honda, Aguascalientes.
*Investigador del Colegio de San Luis

sábado, junio 10, 2017

8 años… ¡Justicia ABC!

Caronte por Jacobo Dayán

Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro

5 de junio, un año más esperando la verdad, la justicia y las garantías de no repetición. Son 8 años de la mayor tragedia infantil de nuestra historia. Son 8 años de abandono por parte de las autoridades de los 3 niveles de gobierno. Son 8 años de promesas incumplidas.
A partir de este año el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México cuenta con un anti monumento más. Al 43 que ya estaba a unas cuadras de PGR y la Secretaría de Gobernación, se suma el 49 que se colocó frente al IMSS. Al parecer así iremos construyendo memoria, de anti monumento en anti monumento.
En esta ocasión dejo este espacio a los padres y madres de Guardería ABC que el lunes tomaron la palabra para recordarnos una vez más que Guardería ABC no se olvida.
Abraham Fraijo, papá de Emilia:
“Este año como los 7 años atrás el pinche gobierno de mierda que tenemos le apuesta al olvido. Ese anti monumento les va a recordar todos los días la gran deuda que tienen con 49 bebés, con más de 70 niños lesionados y con todo un pueblo completo. Esos cabrones que tenemos como gobernantes, como políticos, esos cabrones le apuestan a la división, le apuestan al olvido. Este día, una vez más, les demostramos que no perdonaremos, que no olvidaremos y que hasta el último día de nuestra existencia saldremos a exigir justicia, justicia, justicia. No solamente por los niños de la Guardería ABC, no solamente por los niños que desaparecen y que mueren todavía, no solamente por Ayotzinapa, por Tlatlaya o Atenco, por los periodistas, por Javier y por todos los cabrones que tienen que salir a cubrir las pendejadas que hace este gobierno. Yo ya estoy harto de miedo de seguir viviendo en un país en que todos somos parte de un juego de ajedrez. ¿Por qué las cosas no cambian? Porque los muertos los seguimos poniendo nosotros, porque el gobierno no toma acciones, porque el gobierno se hace tonto…La ley 5 de junio no la hizo el gobierno mexicano, la hicieron ciudadanos, la hicieron padres y madres con organizaciones para garantizar que lo que sucedió en Hermosillo, Sonora no se volviera a repetir. Sin embargo, al menos 60 niños han muerto por cuestiones totalmente evitables…Va a llegar un momento en que ninguno de nosotros va a estar a salvo de contar una historia de terror. Lo que sí les puedo prometer, como lo hicimos desde el 5 de junio de 2009 es que jamás claudicaremos en la exigencia y en exhibir la corrupción y la impunidad de esos cabrones. Esa es la promesa que yo puedo hacerles, espero que ustedes como cada año nos acompañen. No al olvido, justicia ABC, justicia ABC, justicia ABC”.
Estela Baez, mamá de Yeyé:
“Se cumplen ocho años de un día que no debió existir jamás, ocho años del día infame en que la negligencia y la corrupción de las autoridades mexicanas causaron la muerte de 49 niños y lesiones de diferentes grados a otros 80, quienes aún lucha heroicamente con la esperanza de tener un mañana mejor, más sanos y felices. Ellas y ellos, nuestros niños, debería de estar aquí, entre nosotros, rodeados de sus seres queridos y con la oportunidad de tener una vida plena…La tarde del 5 de junio de 2009, nuestros hijos perdieron la sonrisa y también la perdimos nosotros. Somos familias devastadas por la tragedia y por la indolencia de autoridades que no han hecho más que encubrir a criminales… Recordarle al Estado mexicano, a los diferentes poderes que lo componen, a los tres niveles de gobierno y a todos aquellos que con sus actos u omisiones propiciaron la peor tragedia infantil en la historia de nuestro país, la enorme deuda que tienen con nuestras hijas e hijos…Desde aquel 5 de junio que destruyó las vidas de nuestros hijos, han desfilado 2 presidentes de la República, 2 gobernadores y una gobernadora de Sonora, 3 presidentes de la SCJN, 4 directores generales del IMSS, 5 procuradores generales de la República, 256 senadores y 1500 diputados federales. ¿Qué saldo tenemos? ¡Nada! ¡Esbozos de una justicia incompleta y tardada! Por eso, hoy gritamos ¡¡Justicia ABC!!…aunque pretendan ignorar o desviar sus miradas para otro lado, cuando lleguen a sus juntas, a sus oficinas o simplemente pasen por la calle, tendrán que ver esas letras que nos marcaron la vida; tendrán que ver el ABC en colores que años atrás fueron símbolo de alegría infantil y hoy nos recuerdan la deuda del Estado mexicano. Nos deben justicia, se la deben a los niños y niñas de México. Por 49 razones en nuestro corazón y millones de hoy y mañana… ¡Justicia ABC!”.
Un fuerte abrazo solidario.
 

Jacobo Dayán

Especialista en derechos humanos y analista internacional. Fue Director de contenidos del Museo Memoria y Tolerancia de la ciudad de México.


*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias. 

ABC, el infierno

Infancia y sociedad
Andrea Bárcena
L
a codicia de la más enana mentalidad empresarial, solapada por funcionarios infames y corruptos, permitió que el cielo se convirtiera en infierno y cayera sobre los cuerpecitos y las almas inocentes de más de 150 nenes, de entre cinco meses y cuatro años de edad, confiados al Estado en su responsabilidad de dar cuidados y atención a los hijos de trabajadoras mientras cumplen su jornada laboral.
Fue el 5 de junio de 2009 que el incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, acabó con la vida de 49 infantes y dejó más de 100 dañados gravemente y de forma irreversible. “Nosotros tuvimos la suerte –me confiaron unos jóvenes padres– de que nuestro niño muriera asfixiado, ya que pudimos recuperar su cuerpecito. Muchos padres no pudieron ni reconocer el cadáver de sus hijos, destruidos casi totalmente por el fuego”.
Se quiso ver como único culpable de la tragedia al empleado –asesinado unos días después–, quien cumplía órdenes de incendiar la parte de la bodega contigua a la guardería, a fin de desaparecer documentos que eran pruebas de corrupción y negocios ilegales del gobernador Eduardo Bours.
Pero en realidad, si la guardería hubiera funcionado no en una media bodega sino en instalaciones adecuadas y seguras, ningún fuego hubiera matado trágicamente a los niños. La guardería ABC no contaba con detectores de humo ni extintores para el fuego ni con salidas de emergencia ni puertas adecuadas; tampoco con suficiente personal. El establecimiento no cumplía con las normas mínimas de seguridad y protección civil: el techo estaba recubierto con un plafón de material inflamable (poliestireno) que se empezó a derretir y a caer en forma de plástico líquido ardiente sobre los niños, hasta desplomarse por completo como una enorme plancha ardiente.
Pero ¡¿cómo pudo ocurrir esto?!
Porque los socios dueños de la guardería –principalmente Marcia Matilde Gómez del Campo, Sandra Luca Téllez Nieves y Gildardo Urquides, emparentados con Margarita Zavala (esposa de Felipe Calderón) y Eduardo Bours– estaban amparados además por un contrato de subrogación firmado por Juan Molinar Horcasitas.
La subrogación de guarderías del IMSS se hizo desde 1983 para no abrir más guarderías y se pagaba por cada niño 2 mil 500 pesos mensuales a concesionarios que, como se evidenció, pueden invertir lo menos para ganar lo más: más de medio millón de pesos mensuales, sin que se les supervise ni se exija cumplir las normas para dar digna atención y toda la seguridad humanamente posible. El 5 de junio no se olvidará jamás. Hasta que haya justicia real, recordaremos la infamia y pensaremos en la tragedia ABC como si ocurriera hoy.

jueves, junio 08, 2017

A 8 años de la Guardería ABC

Los padres de familia y familiares de las víctimas de la Guardería ABC colocaron un memorial frente a las instalaciones del IMSS para exigir justicia a las autoridades en el caso donde murieron 49 niños en Sonora.

miércoles, junio 07, 2017

Ataca un grupo de choque a opositores a obras del NAICM en San Salvador Atenco

Bloqueaban avenida en protesta por la circulación de vehículos de carga en zona céntrica
Javier Salinas Cesáreo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 7 de junio de 2017, p. 26
San Salvador Atenco, Méx.
Al menos cuatro mujeres resultaron lesionadas después de que un grupo de choque formado por cerca de 200 personas, el cual era encabezado por el comisario ejidal de este municipio, Alejandro Santiago, desalojó a golpes a unos 40 vecinos inconformes con el paso de vehículos de carga que transportan materiales de construcción a la zona donde se edifica el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). Los camiones se encontraban en la avenida Nacional.
Los vecinos, varios de ellos integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), explicaron que en meses recientes se ha hecho más frecuente el paso de camiones de carga por las calles de este municipio, en especial por la avenida Nacional y la zona centro de Atenco.
Aseguraron que sus viviendas han resultado afectadas y que los vehículos son un peligro para más de mil niños que acuden a la escuela primaria Vicente Guerrero y para los usuarios de dos clínicas de salud que se ubican en esa avenida.
Desde hace varios días vecinos, padres de estudiantes de la escuela primaria, así como usuarios de las clínicas se organizaron para colocar carteles en la calle a fin de exigir que los camiones dejen de pasar por ahí.
Los colonos decidieron bloquear ayer el paso de los camiones. Poco después llegaron casi 200 golpeadores encabezados por el comisario ejidal para desalojar a los inconformes. Varios vecinos fueron golpeados, entre ellos cuatro mujeres.
Llegó el grupo de choque y nos pegaron a las madres de familia que quisimos impedir el paso. Venían el comisario ejidal, Alejandro López Santiago, y gente pagada por las empresas que construyen el aeropuerto, dijo una de las vecinas desalojadas.
Tras el desalojo, el grupo de choque colocó un campamento en un terreno cercano a la escuela para proteger el paso de los camiones pesados que transportan tezontle, tepetate, arena y grava a la autopista Pirámides-Texcoco y el NAICM.
Llama FPDT a evitar despojo de tierras
El FPDT llamó a los habitantes de Atenco y poblados cercanos a organizarse para detener el despojo de sus tierras. Responsabilizamos al gobierno priísta de Enrique Peña Nieto por todo el daño que sigue causando en nuestro territorio y su tejido social con la imposición del aeropuerto, que sólo promete muerte y destrucción a los pueblos, e impunidad, ilegalidad y enriquecimiento ilícito a la mafia capitalista, difundió el movimiento de Atenco.
El FPDT también responsabilizó al gobierno federal de crear grupos de choque para enfrentar las protestas del movimiento de Atenco contra la construcción del NAICM.

martes, junio 06, 2017

Antimonumento: Guardería ABC

Marcha #ABC8Años | En estos momentos
Así luce el monumento en memoria de los 49 niñas y niños de la Guardería ABC, instalado frente a las oficinas del IMSS, en Paseo de la Reforma, como recordatorio permanente de la impunidad en el caso. ¡NUNCA MÁS!

En el país de la impunidad y la injusticia, marcamos nuestras calles con un símbolo de memoria porque no queremos ciudades silenciosas que tapen la infamia con olvido.

Queremos recordar cada día la enorme deuda que tiene con nuestra niñez el Estado mexicano y todos aquellos que con actos u omisiones propiciaron la peor tragedia infantil en la historia de nuestro país.

La aparente normalidad por fin se rompe: todos deben saber que el IMSS y el Estado Mexicano deben las vidas y la felicidad de 49 niños y niñas.

Aunque pretendan ignorar o desviar sus miradas hacia otro lado, tendrán que ver este antimonumento y recordar el enorme dolor que nos han causado.

¡¡NO MAS BEBÉS Y NIÑOS MUERTOS EN ESTANCIAS INFANTILES DE MÉXICO!!





Ni un muerto más en estancias subrogadas, exigen padres de niños de la guardería ABC

  • En Hermosillo, 3 mil personas marchan en protesta por ocho años de dilaciones e impunidad
  • Manifestantes colocan un antimonumento frente a oficinas del IMSS
  • Demandan a magistrado dar ejemplo en la impartición de justicia
Activistas, ciudadanos y familiares de los niños que perecieron hace ocho años en la guarderia ABC de Hermosillo, Sonora, marcharon ayer del Ángel de la Independencia a las oficinas del IMSS, en Reforma, donde develaron un antimonumento en memoria de los menoresFoto Alfredo Domínguez
César Arellano García
 
Periódico La Jornada
Martes 6 de junio de 2017, p. 30
Ocho años después de la tragedia en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, padres y familiares de las víctimas, entre otros ciudadanos, colocaron una escultura de metal de aproximadamente cuatro metros de altura frente a las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Reforma, en la que se lee 49 ABC ¡Nunca más! pintado de azul, rosa y verde.
“Estos niños no debieron morir en una guardería subrogada por el IMSS y este antimonumento se los va a recordar. Se cumplen ocho años del día infame en que la negligencia y la corrupción de las autoridades mexicanas causaron la muerte de 49 niños y lesiones de diferentes grados a 80, quienes aún luchan heroicamente con la esperanza de tener un mañana mejor, más sanos y felices. Nuestros niños deberían estar aquí entre nosotros, rodeados de sus seres queridos y con la oportunidad de tener una vida plena”, afirmaron.
Al mediodía ofrecieron una conferencia de prensa para exigir a las autoridades que cumplan la sentencia condenatoria contra particulares y servidores públicos que el año pasado dictó el juez primero de distrito en Sonora, y sostuvieron que los verdaderos culpables son el ex gobernador priísta de Sonora Eduardo Bours Castelo y los cuatro dueños de la guardería, de los cuales sólo dos están bajo proceso.
Julio Márquez, padre de Yeyé, indicó que a partir de 2011, cuando entró en vigor la Ley 5 de junio, que garantiza seguridad a menores en guarderías, han muerto 60 menores en centros de atención infantil, incluiso en la Ciudad de México, el estado de México y Sonora. Además, cinco entidades aún no cuentan con una ley en la materia: Nuevo León, Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz y Campeche, señaló.
La marcha partió del Ángel de la Independencia. Inicialmente iba a dirigirse a la Plaza de la Constitución, pero modificaron la ruta para instalar el antimonumento, donde nombran a cada uno de los menores muertos y colocaron fotografías de ellos.
“¡No más bebés o niños muertos en las guarderías del país! Seguimos caminando. Seguimos levantando la voz, y hoy también marcamos nuestras calles con un símbolo de memoria porque no queremos ciudades silenciosas que tapen la infamia con olvido. En sus grandes edificios, en sus avenidas turísticas, la aparente normalidad por fin se rompe: todos deben saber que el Estado mexicano debe las vidas y la felicidad de nuestros hijos e hijas.
Exigimos al magistrado del primer tribunal unitario en Hermosillo, Edmundo Páez Alcalá, que actúe con celeridad y justicia. Le recordamos que se ha cumplido un año desde que está a cargo del expediente y obligado a resolver en segunda instancia las sentencias dictadas por el juez primero de distrito. Esperamos que no dilate la resolución, que siente un precedente en impartición de justicia en un país donde la impunidad es la salida constante cuando hay un clara responsabilidad del mismo Estado.
Atención deficiente a sobrevivientes, señalan
Cristina Gómez Lima Corresponsal
Hermosillo, Son.
Unas 3 mil personas, entre ellas padres, familiares y niños sobrevivientes del incendio en la guardería ABC, marcharon ayer, por octavo año consecutivo, a fin de exigir justicia para los 49 menores que perecieron y más de 70 que resultaron gravemente heridos en la conflagración en esa estancia, el 5 de junio de 2009.
Reprocharon la lentitud de las autoridades en la investigación y que hasta ahora ninguna persona haya sido encarcelada por la conflagración, pese a que hay más de 20 personas sujetas a proceso penal, entre ellas funcionarios de los tres niveles de gobierno y socios de la guardería subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Cada año, activistas y parientes de víctimas organizan actividades en memoria de los niños y celebran a los sobrevivientes, algunos de los cuales sufrieron quemaduras de primer y segundo grados y lesiones en los pulmones, entre otras secuelas.
Danna Paola, de 10 años, dijo en recuerdo de sus compañeros: Nos separaron en esta vida, y aunque te extraño mucho sé que en el cielo eres muy feliz. Fuimos compañeros de aventuras, de fiestas infantiles, de pañales y de leche; hemos compartido una misión: no permitirle al mundo que olvide lo que nos pasó.
La mañana de ayer, las familias de los deudos y sobrevivientes se reunieron para celebrar una misa, en la que el arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal, hizo un llamado a las autoridades a que el proceso jurídico se realice conforme a la ley.
Durante la ceremonia, oficiada en la calle, frente a lo que fue la guardería ABC, los manifestantes se quejaron de que la atención médica que por decreto presidencial del panista Felipe Calderón Hinojosa se brindó a los más de 79 niños heridos es insfuciente, por lo que ellos continúan en una lucha jurídica por mejorar el nivel de atención de especialistas del Seguro Social.
Jamás perdonaré al Estado
Patricia Duarte, mamá de Andrés Alonso, quien pereció en el incendio, recordó: A esta hora recibí la llamada que jamás hubiera querido escuchar. No perdono, jamás perdonaré al Estado mexicano ni a los particulares asesinos. No les otorgo el perdón; de mi parte no lo obtendrán. Es mucho el daño que han hecho y siguen haciendo.
En mayo de 2016, las autoridades judiciales dictaron sentencia en primera instancia contra 22 personas, tres de las cuales fueron absueltas y 19 recibieron fallo condenatorio.
Por la noche, unas 3 mil personas marcharon de las ruinas de la guardería a las escalinatas del museo de la Universidad de Sonora.