domingo, febrero 19, 2017

Concluyeron las caravanas sur y norte por los 43 normalistas desaparecidos

Buscan construir un frente amplio que integre inconformidades
Sergio Ocampo y Ricardo Montoya
Corresponsales
Periódico La Jornada
Domingo 19 de febrero de 2017, p. 9
El vocero de los padres de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos, Melitón Ortega, informó en la capital de Guerrero que este sábado concluyeron las caravanas impulsadas por diversas organizaciones sociales a entidades del norte y sur del país.
Especificó que las caravanas, las cuales se iniciaron el 12 de febrero, recorrieron Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos e Hidalgo, y al norte, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Michoacán.
Dijo que la caravana del norte concluyó el viernes, y la del sur, este sábado en Ixmiquilpan, Hidalgo, y en ambas hubo el consenso de que los días 26 de cada mes continuarán las movilizaciones a escala nacional”, destacó.
Anunció que del 25 al 27 de febrero en la Ciudad de México, se desarrollará la quinta Convención Nacional Popular para construir un frente amplio que aglutine a todos los referentes, que abrace todos los esfuerzos y construir así nuevos mecanismos comunes de lucha, indicó.
Otro tema, mencionó, será construir un plan único de lucha a nivel nacional, que impulse de manera conjunta una movilización organizadaque integre todas las inconformidades sociales.
En tanto, una comisión de padres de los 43 normalistas, junto con miembros del Movimiento Hidalguense Contra el Gasolinazo, encabezó una de las dos marchas efectuadas ayer en el municipio de Ixmiquilpan, en el contexto de la segunda Asamblea Nacional de las Resistencias Ciudadanas.
Participaron además colectivos de varias entidades del país para acordar acciones en demanda de la destitución del presidente Enrique Peña Nieto, poner un alto al incremento del costo de los combustibles y la anulación de las llamadas reformas estructurales.

sábado, febrero 18, 2017

Ultimátum de los padres de los 43 al gobierno federal


Juan Ricardo Montoya
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 18 de febrero de 2017, p. 14
Ixmiquilpan, Hgo.
Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, advirtieron este viernes que si el 9 de marzo el gobierno federal no les entrega información sobre el paradero de los jóvenes van a radicalizar sus movilizaciones.
Expresaron lo anterior durante un encuentro con integrantes del Movimiento Hidalguense contra el Gasolinazo, efectuado en el poblado de Cañada Chica, municipio de Ixmiquilpan, en el corazón del Valle del Mezquital.
Bernardo Campos, papá de José Ángel, uno de los jóvenes desaparecidos, dijo en su intervención que llevarán sus protestas hasta donde lleguemos, hasta donde lleguemos los 43 padres de familia, manifestó.
Felipe de la Cruz, vocero de los padres, informó que el 9 de marzo se reunirán con representantes de la PGR y de Gobernación, dependiendo de los resultados, vamos a cambiar la estrategia.
De igual forma acusaron a la Federación de recurrir al gasolinazo y a la figura del presidente Donald Trump para desviar la atención del tema de los 43 desaparecidos. El corrupto de Peña Nieto le está apostando al olvido de lo que es la más negra página de represión de su gobierno, puntualizó De la Cruz.
Y agregó: no nos vamos a cansar de buscar y de exigir al gobierno que los entregue vivos, ya que hasta el momento no nos han demostrado con pruebas que nuestros hijos estén muertos, señaló.

viernes, febrero 17, 2017

V Convención Nacional Popular #Ayotzinapa

Oculta, la verdad del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa: afectados

Critican que hasta la fecha no se investigue a militares
La caravana de padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala estuvo en Cuernavaca, MorelosFoto Rubicela Morelos
Rubicela Morelos Cruz
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 17 de febrero de 2017, p. 16
Cuernavaca, Mor.
Los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, que participan en la caravana nacional que recorre diversas entidades del país para demandar la presentación con vida de sus hijos aseguraron en su paso por Morelos que el gobierno federal sigue ocultando la verdad del caso.
El vocero de los padres de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Felipe de la Cruz, dijo que ninguno de los tres titulares de la Procuraduría General de la República que han llevado el caso durante dos años y cuatro meses ha dado a conocer dónde están los 43 normalistas, ni a los autores intelectuales de la muerte de otros tres.
Ya quedó claro, por pruebas que hemos obtenido, que los autores materiales de la desaparición forzada de los 43 normalistas fueron los policías municipales de Iguala y de Huitzuco, así como policías federales y militares, quienes también participaron en los hechos, manifestó.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, nos decía que ya había detenido a los supuestos delincuentes, de nada nos sirve tenerlos a todos; los autores materiales llevaban uniformes, se llevaron a nuestros hijos en patrullas. De los militares, no hay ninguno detenido, ni siquiera son investigados, deploró.
Dijo que las balas usadas contra tres de los normalistas que fallecieron en septiembre de 2014 fueron fabricadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, y hay pruebas, los autores materiales de la desaparición de los jóvenes fueron el Ejército y la policía. También de las muertes de Julio César Ramírez, Daniel Solís y Julio César Mondragón.
Arguyó que la protección hacia los militares proviene del gabinete presidencial o de la secretaría de Gobernación, porque las autoridades castrenses de Guerrero fueron premiadas con cargos en Ciudad de México, después de que pasó el escándalo internacional por la embestida en Ayotzinapa.

Conclusiones de pesquisa contra Zerón promueven la impunidad, afirman ONG

  • Es inaceptable y alarmante el mensaje de la PGR, sostienen agraviados
  • Más de un centenar de organizaciones cuestionaron la resolución de la procuraduría
José Antonio Román
 
Periódico La Jornada
Viernes 17 de febrero de 2017, p. 16
Las conclusiones de la investigación interna de la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), por irregularidades graves cometidas en el caso Ayotzinapa, son inaceptables y constituyen un alarmante mensaje de impunidad que debilita el estado de derecho.
En un posicionamiento conjunto, más de un centenar de organizaciones civiles y de derechos humanos cuestionaron duramente la resolución de la PGR, pues las múltiples irregularidades presentadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fueron omitidas en la investigación interna, convalidando así graves violaciones al debido proceso y con ello fomentando la ilegalidad.
Además, advirtieron que dicha resolución no sólo constituye un nuevo agravio a las familias de los 43 normalistas desaparecidos que aún demandan justicia y verdad, sino que también muestra la profundidad de los problemas estructurales de la PGR, en la medida en que evidencia cómo los controles internos carecen de independencia, firmeza y capacidad técnica.
La decepcionante resolución de la PGR por las irregularidades registradas en el caso Ayotzinapa es un pésimo precedente para quienes trabajamos para erradicar la impunidad y fortalecer el estado de derecho desde la sociedad civil y la academia, señalan las organizaciones civiles, que también destacan que los resultados de esta investigación interna se entregó 10 meses después de las revelaciones hechas por el GIEI.
En su informe final, presentado en abril de 2016, el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló un video en el que se aprecia que el 28 de octubre de 2014, Tomás Zerón trasladó ilegalmente al detenido Agustín García Reyes, El Chereje, al río San Juan, lo interrogó en ausencia de su defensor y no levantó constancia de dicha diligencia, además de que no solicitó formalmente que el sitio quedara bajo custodia. El detenido presentó posteriormente huellas de maltrato.
La importancia de estos hechos radica en que es una base en la que se ha pretendido sostener la hipótesis del destino final de los normalistas de Ayotzinapa, pues en la ribera de ese río se habría encontrado un día después la bolsa de donde se extrajo el único resto óseo hasta hoy identificado como perteneciente a uno de los jóvenes desaparecidos.
La resolución omite todos estos hechos, y propone solamente el inicio de procedimientos administrativos por responsabilidades leves.
Entre las organizaciones que suscriben el pronunciamiento están Fundar; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac); la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; I(dh)eas, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), y la Red TDT.

jueves, febrero 16, 2017

Conato de riña entre padres de los 43 y policías


José Carlos Avendaño
La Jornada de Oriente
Periódico La Jornada
Jueves 16 de febrero de 2017, p. 18
Huamantla, Tlax.
Ayer se registró en esta cabecera municipal un conato de enfrentamiento entre los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y policías municipales, luego de que un agente tomó fotografías del autobús en que se desplazan y de la vivienda donde habitan familiares de César Manuel González, uno de los estudiantes cuyo paradero se ignora.
Alrededor de las 10 horas, sobre la calle Allende esquina con Yalcuitlalpan, un par de policías fueron golpeados por integrantes de la Caravana Tejiendo 43 Esperanzas. A continuación los uniformados abandonaron el lugar. Momentos después, integrantes de la caravana realizaron pintas en edificios públicos y automóviles que se encontraron a su paso sobre la calle Juárez.
Posteriormente, los manifestantes caminaron hacia el zócalo de Huamantla para exigir la aparición de los 43 estudiantes que fueron privados de su libertad entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

domingo, febrero 12, 2017

Nuevo informe de la PGR sobre los 43 omite irregularidades ya reportadas

Actual visitadora eliminó faltas graves observadas por su antecesor
Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Domingo 12 de febrero de 2017, p. 12
El informe que la Procuraduría General de la República (PGR) entregó el jueves pasado a los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos omitió consignar una serie de irregularidades graves cometidas por el ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, que sí estaban incluidas en la investigación hecha por el anterior visitador de la institución, César Chávez Flores.
Así lo demostró un análisis realizado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (ProDH), donde se destaca que en la nueva resolución de la PGR sobre el tema no se pide indagar cuál es la trascendencia penal de la actuación de Zerón y otros funcionarios, lo cual hará que sólo reciban una sanción administrativa leve.
En un cuadro comparativo hecho por el ProDH, se puede apreciar que varios temas incluidos en un informe interno que elaboró el ex visitador de la PGR César Chávez Flores –publicado en diciembre de 2016 por el diario The New York Times– no son mencionados en el nuevo documento, elaborado por la actual visitadora, Adriana Campos López, y entregado a los padres de los normalistas el 9 de febrero.
Entre las irregularidades que el informe actual simplemente no consigna está el hecho de que Zerón realizó diligencias en el basurero de Cocula –donde la PGR afirma que los 43 estudiantes fueron asesinados y quemados– sin estar bajo la dirección del Ministerio Público, o que estas acciones vulneraron el derecho a la defensa de Agustín García Reyes, El Chereje, uno de los principales acusados por la agresión contra los jóvenes.
De igual forma, el documento no se pronuncia sobre los indicios de tortura contra García Reyes, la falta de integración en el expediente de todo el acervo probatorio (especialmente fotos y videos), y omite reportar la actuación policial en el Río San Juan, donde se supone que fueron esparcidas las cenizas de los 43 normalistas.
Tampoco hay mención alguna de la falta de constancias que acrediten el hallazgo de las cuatro bolsas de plástico donde se encontraron las mencionadas cenizas, la presentación de videos editados por parte de la AIC y la manipulación dolosa de la presencia de funcionarios de Naciones Unidas para sugerir falsamente que habían atestiguado las diligencias en el río San Juan.
Además, el nuevo informe asegura que las detenciones de siete personas –incluido El Chereje– fueron legales, cuando el anterior documento señalaba que habían sido realizadas de manera ilegal y arbitraria.
En lo que concierne a las posibles responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados, el informe señala que Tomás Zerón trasladó a García Reyes al basurero de Cocula sin la autorización de un juez. Dicho punto era señalado en el proyecto del anterior visitador como una violación a la verdad y se pedía investigar la posible trascendencia penal de la falta.
Asimismo, el proyecto de Chávez Flores proponía cesar a Blanca Alicia Bernal, agente del Ministerio Público, por diversas omisiones e irregularidades, y cancelar el certificado del fiscal Jorge García Valentín, quien permitió la salida de El Chereje de los separos. Sin embargo, en el más reciente informe no se pide investigar al respecto, y por ende todo quedaría en responsabilidades administrativas leves.

Caravanas contra las injusticias parten de CDMX hacia el norte y sur del país

  • Impulsan lucha conjunta por Ayotzinapa, el gasolinazo y reformas estructurales
Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos reiteraron que no cesarán de buscar a sus hijos hasta encontrarlos. En la imagen, una protesta frente a la Procuraduría General de la República el pasado 9 de febreroFoto Jair Cabrera
Sergio Ocampo Arista,
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 12 de febrero de 2017, p. 12
Chilpancingo, Gro.
El abogado Vidulfo Rosales Sierra, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, informó que dos caravanas partieron de Ciudad de México en una nueva jornada nacional de lucha por la demanda de presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, contra el gasolinazo y las reformas estructurales.
Entrevistado vía telefónica, dijo que la mayoría de los padres de familia de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa se encuentran en la Ciudad de México, donde se integraron a dos caravanas que partieron rumbo al sur, al norte y el Bajío del país. Explicó que la caravana que va al sur recorrerá Chiapas, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Morelos y concluirá en Hidalgo.
La que se dirige al norte, dijo, visitará San Luis Potosí, Querétaro, Guadalajara y Michoacán, con la finalidad de hacer contacto con colectivos y organizaciones que actúan en dichas entidades, e impulsar una lucha conjunta no sólo en apoyo al caso Ayotzinapa, sino de otras demandas; las caravanas concluirán el 17 de febrero.
Rosales Sierra agregó que otro de los objetivos trazados es convocar a una asamblea nacional para el 25 y el 26 de febrero en la Ciudad de México con el objetivo de fortalecer la Asamblea Popular y establecer una ruta de articulación nacional que incluya resolver la desaparición forzada en el país.
Con relación a la investigación que se le sigue a Tomás Zerón de Lucio, ex director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, por alterar pruebas en el caso Iguala y de la que está a cargo la Secretaría de la Función Pública, expresó: No es la resolución que esperábamos; por lo menos no está acorde a un proyecto de resolución que se filtró a los medios.
Reconoció que los padres de los 43 normalistas han considerado que no pueden quedarse atorados en el tema de Zerón, porque debe haber transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de la función pública; no obstante, lo fundamental es la presentación con vida, dar con su paradero.
Los padres de familia tomaron la decisión de continuar con el diálogo, aun cuando la responsabilidad y la sanción a Zerón de Lucio se diluya, ya que pretenden encubrirlo. Las resoluciones que hoy se tienen seguirán siendo motivo de análisis y de discusión, refirió.
Ratificó que para el próximo 9 de marzo continuarán pláticas con la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación, mientras el resto del diálogo y la agenda se definirán junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la audiencia a realizarse a mediados de marzo.

viernes, febrero 10, 2017

Acuerdan el gobierno y los padres de los 43 alumnos desaparecidos reunirse cada mes

  • Entrega PGR a parientes los resultados de la indagatoria contra Tomás Zerón
  • Las mesas de interlocución se reanudaron ayer luego de casi medio año de suspensión
Casi seis meses después de suspender el diálogo, padres de los 43 normalistas desaparecidos se reunieron ayer con representantes de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la RepúblicaFoto Jair Cabrera
Fernando Camacho y José Antonio Román
 
Periódico La Jornada
Viernes 10 de febrero de 2017, p. 13
Autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Gobernación (SG) anunciaron ayer que el gobierno federal va a retomar los contactos con los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, después de casi seis meses de que las pláticas entre ambas partes quedaron suspendidas.
Además, informaron que los resultados de la indagatoria que realizó la PGR en contra del ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, por haber alterado el lugar donde supuestamente fueron asesinados y quemados los normalistas, le serán entregados a la Secretaría de la Función Pública (SFP), organismo que decidirá la sanción que amerite el caso.
Unos minutos después de que concluyera la rueda de prensa ofrecida por los familiares de los 43 estudiantes afuera de las instalaciones de la PGR, las autoridades anunciaron que llevarían a cabo un encuentro con los medios de comunicación para informarles acerca de los acuerdos alcanzados con los padres.
Ahí, el subsecretario de Derechos Humanos de la SG, Roberto Campa, anunció que las autoridades retomarán sus encuentros con los familiares de los normalistas en mesas de comunicación e interlocución que se llevarán a cabo de forma mensual.
Señaló que los resultados de la indagatoria que realizó la PGR en contra de Tomás Zerón de Lucio ya le fueron entregados a los padres y madres de los 43 desaparecidos, quienes analizarán la resolución y la discutirán posteriormente con las autoridades.
Adelantó que esos resultados se le entregarán a la SFP, que será el organismo encargado de determinar la responsabilidad y posible sanción en contra de Zerón, a quien los parientes de los estudiantes acusan de sembrarpruebas en el basurero de Cocula con el fin de validar la hipótesis oficial de que los normalistas fueron asesinados y quemados.
Sin embargo, fuentes cercanas al encuentro resaltaron que la PGR resolvió iniciar un procedimiento contra Zerón, pero sólo por responsabilidades administrativas leves.
En la actualidad, la SFP es encabezada por Arely Gómez, quien antes se desempeñó como titular de la PGR y Zerón era su subordinado en aquel entonces.
En septiembre del año pasado Zerón renunció a su cargo como director de la Agencia de Investigación Criminal, pero unas horas después el presidente Enrique Peña Nieto lo nombró secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, cargo que ocupa actualmente.
Por otro lado, el subsecretario Campa agregó que se acordó que la SG intensificará la búsqueda de campo de los jóvenes –haciendo uso de tecnología de punta– y se reanudará el análisis de sus teléfonos celulares.

Plática en riesgo por insistente defensa al funcionario

  • Visitadora de la procuraduría pretendía justificar se actuación, denuncian
José Antonio Román y Fernando Camacho
 
Periódico La Jornada
Viernes 10 de febrero de 2017, p. 13
La reunión que sostuvieron los padres de los 43 estudiantes de-saparecidos de Ayotzinapa con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el procurador general de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, estuvo a punto de romperse debido a la pretensión oficial de justificar la ilegal actuación de Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
El encuentro de casi tres horas, el primero que se da después de cinco meses, tuvo momentos muy tensos, principalmente cuando la visitadora general de la PGR, Adriana Campos López, presentó el acuerdo de conclusión de la investigación seguida a Tomás Zerón, por las presuntas irregularidades e ilícitos en las diligencias del caso Iguala.
La visitadora tuvo la pretensión de justificar la actuación del ex funcionario de la PGR, quien hoy se desempeña como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional. Incluso, afirmó que la actuación de Tomás Zerón fue con la intención de realizar la búsqueda lo más pronto posible, revelaron varios asistentes al encuentro.
Zerón de Lucio fue señalado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes por obstruir las investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, además de cometer una serie de irregularidades en el desarrollo de la misma y eventualmente sembrar evidencias.
Los resultados de esta investigación en contra de Zerón y los duros reclamos de los padres de familia fue uno de los temas centrales abordados durante la reunión, la primera a la que asiste el procurador Cervantes Andrade.
En la conferencia de prensa, realizada sobre Paseo de la Reforma, los padres y sus abogados señalaron que este acuerdo de conclusión de la investigación dista muchodel que fue filtrado a los medios de comunicación hace unas semanas.
El abogado Vidulfo Rosales señaló que el documento filtrado y reconocido por la PGR, señalaba 18 responsabilidades cometidas por funcionarios –incluido Tomás Zerón–, de las cuales varias de ellas debían dar vista al Ministerio Público para su investigación penal.
Pero el documento presentado ayer señala sólo siete irregularidades; la más grave consiste en dar vista al superior jerárquico para que proceda administrativamente.

jueves, febrero 09, 2017

Garantizar impunidad en el caso de los 43, razón para no enjuiciar a Murillo

Los políticos cierran filas para no rendir cuentas: Centro Talchinollan
Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 durante el ataque en Iguala, Guerrero, se reúnen este jueves con funcionarios federales, encabezados por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que les informen sobre el avance en las investigaciones. La imagen, durante la manifestación del pasado 26 de enero, al cumplirse dos años y cinco meses de la agresiónFoto Jair Cabrera
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 9 de febrero de 2017, p. 13
Chilpancingo, Gro.
El coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, consideró que el acuerdo tomado por los diputados federales para no llevar a juicio político a Jesús Murillo Karam, ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), tiene como objetivo que haya impunidad en el caso de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014.
Entrevistado en esta capital, reprochó que los diputados están encubriendo a personajes que de algún modo avalaron una versión que no tenía bases científicas. Su actitud respondió más a la presión política que se estaba dando, y tuvieron que sacar una versión que ayudara a distender el ambiente, pero esto generó una crisis mayor, sostuvo.
En la práctica, destacó, se estaban dando versiones de que de algún modo apostaban a cómo a mantener la impunidad, con datos que no están realmente sustentados con todos los peritajes que requiere a escala internacional un caso como el de los 43 estudiantes desaparecidos.
De acuerdo con Abel Barrera, en este caso la clase política trata de cerrar filas para poder garantizar que las altas autoridades no sean llamadas a cuentas, y mucho menos digan el motivo por el que impulsaron esas versiones que no estaban sustentadas en dictámenes y peritajes científicos.
El trabajo del nuevo equipo de investigación enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para coadyuvar en la solución del caso Ayotzinapa está avanzando en términos de todo el seguimiento a las recomendaciones de la CIDH, dijo.
Asimismo, anunció que padres de los 43 se reunirán este jueves con funcionarios federales, encabezados por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para analizar cómo va la búsqueda de sus hijos.

domingo, febrero 05, 2017

Recibirán a los padres de los 43 en la PGR el 9 de febrero


Sergio Ocampo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 5 de febrero de 2017, p. 13
Chilpancingo, Gro.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, informó que el próximo 9 de febrero los padres de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa sostendrán una nueva reunión con autoridades del gobierno federal, lo que marcará el reinicio de las pláticas que se habían suspendido en agosto pasado.
Vamos a ter una reunión debidamente agendada para ese día, a la una de la tarde, con autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), y estamos en pláticas y posibles acercamientos con la Secretaría de Gobernación, para que ese día estén presentes en la reunión, destacó.
Dijo que plantearán tres demandas inmediatas: “La primera buscará la resolución de la investigación con el fin de corregir todo el desaseo, como la tortura de la que fueron objeto las personas que confesaron la ‘verdad histórica’; la manipulación de las evidencias, y el desvío de la investigación a causa de esa manipulación”.
Una segunda, dijo, será la consignación de los policías que ya han sido plenamente identificados, federales y municipales de Huitzuco de los Figueroa, que no han sido consignados porque la PGR se niega a hacerlo.
Y la tercera –indicó Rosales Sierra– tiene por objeto profundizar en la línea del trasiego de la droga de Iguala a la ciudad de Chicago, Estados Unidos, como móvil de la desaparición de los estudiantes en Iguala desde septiembre de 2014.
Gasolinazo y Trump
Reconoció que, debido a la emergencia que se presenta en el país por el gasolinazo y la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos es un momento difícil para los padres de familia, porque se puede perder la vigencia de la demanda de presentación con vida de los 43 normalistas.
Sin embargo, añadió, “los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos, de manera muy inteligente, lo que están haciendo es tender los puentes de interlocución, así como las alianzas con todos los actores sociales emergentes que hoy en día están luchando bajo el contexto de esta situación.
El propósito es que dentro de este contexto de movilización por el aumento a la gasolina y a la canasta básica, contra las reformas estructurales, y lo que pueda pasar con nuestros paisanos en Estados Unidos, los padres de familia se conviertan en un motor que impulse la lucha no sólo de los 43, sino del pueblo de México, puntualizó.

miércoles, febrero 01, 2017

Exigen brindar seguridad a Malú García


L
os abajo firmantes exigimos al gobierno brindar todas las medidas de seguridad y garantías constitucionales en materia de derechos humanos a la compañera Malú García Andrade, de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, y a sus familiares, a raíz del atentado que sufrió el pasado día 26.
Responsabilizamos a las autoridades de la integridad física y mental de García Andrade y su familia. Basta de acoso, amenazas y atentados contra luchadores sociales y defensores de derechos humanos.
Obispo Raúl Vera, Elena Poniatowska, Ofelia Medina, Begoña Lecumberri, Julieta Egurrola, Marisela Ortiz, Carmen Huete, Humberto Robles, Daniel Giménez Cacho, Comité Cerezo México, El Grito Más Fuerte, H.I.J.O.S. México, Red Solidaria Contra al Impunidad, Javier Tovarich, Sophie Alexander, Regina Orozco, Francesca Guillén, Pat Davis, Teresa Zacarías, Ítari Marta Mena, Julio César Márquez Ortiz, Édgar Álvarez Estrada, Aarón Efraín Salas, Antonio Zúñiga (Carretera 45 Teatro), María del Carmen Farías, Claudia Aguirre y 49 firmas más.
Magdalena López Paulino, Éricka Zamora, Clara Ferri, Úrsula Pruneda, Mora Fernández (La Casa Mandarina AC), César Enrique Pineda, Estela Leñero, Bordamos Feminicidios, Minerva Valenzuela, Víctor García Zapata, Paula Mónaco Felipe, Juan Ríos, Leticia López Margalli, Leticia Pedrajo, Marcela Morett, Natalia Beristain, Laura Imperiale, Elizabeth Gallardo, Michelle Solano, Verónica Bellver, Cecilia Sotres, María Hope, Laura Sosa, Juliana Faesler, Norma Angélica, Wendy Quintanar, Margot Flores, Fabiola Mancilla, María Guadalupe Bazán Urdampilleta, Amaranta Leyva, Leandro Cicchinelli, Verónica Escamez-Martínez, Mónica Livoni y Gianfranco Mulas (del Grupo Donne di Sabbia), Hilda Silva, Jorge Martínez, María Escamez, Empe Sánchez, Mayela Martín, Adriana Rocha García, Luigi Osiris Gucci D'Azad, Guadalupe Herrero, George Herrero, María del Carmen Arjona Camacho, Paula Vrelly, David Hurtado, Ezra Alcázar, Reina Méndez, Álvaro Ochoa Serrano

lunes, enero 30, 2017

Acciones del FPDT Atenco del 30 de enero en lucha por la defensa de la tierra


Atenco, orilla del agua, Estado de México 30 de enero 2017

#AlertaAtenco
#LaTierraNoSeVende

Por cuarta semana los pueblos de la orilla del agua mantenemos el llamado a la solidaridad, a los organismos de derechos humanos y los medios de comunicación honestos.

El día de mañana, lunes 30 de enero, tendremos dos acciones:
-  Acudir a la Procuraduría Agraria con domicilio en la Ciudad de México, calle  Motolinia, no. 11 (cerca del metro Allende) a las 10 a.m., para reiterar la exigencia de dar agilidad al nombramiento del Comisariado Ejidal en Atenco, dado que el anterior ya ha cumplido su plazo y sólo se ha dedicado a vender la tierra, proteger a las empresas invasoras y encabezar a grupos de choque.

-  En este mismo marco de lucha legal y legítima en defensa de la tierra, y como una decisión del pueblo de Tocuila y el concejo de vigilancia quienes desconocieron al comisariado ejidal de dicha comunidad, nos concentraremos en la plaza de Tocuila a las 10 a.m. para dirigirnos de manera organizada en contingente y detener las  obras de la carretera Peñon-Pirámides que de manera ilegal las empresas CIPSA y PINFRA   invaden y destruyen nuestro territorio desde abril del año pasado. 

-  Solicitamos la cobertura y acompañamiento de organismos de derechos humanos y medios de comunicación nacionales e internacionales.
-  Reiteramos al Gobierno Federal que:
-   Atienda el emplazamiento a dialogo directo pues la invasión en nuestro territorio es ilegal y ha sido consentida y promovida por los tres niveles de gobierno.
-  Que deje de prolongar y agudizar un conflicto que él mismo ha generado al empecinarse en despojar a los pueblos para la construcción del aeropuerto de muerte.
-  Nuestros pueblos en asambleas abiertas están ejerciendo su derecho a organizarse y defender el bien común. 

¡LA TIERRA NO ESTÁ EN VENTA!
¡FUERA EJÉRCITO Y GRUPOS DE CHOQUE!
¡FUERA EMPRESAS INVASORAS!
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra


jueves, enero 26, 2017

Ayotzinapa y el ocultamiento de la verdad


Octavio Rodríguez Araujo
M
elitón Ortega, padre de uno de los normalistas de Ayotzinapa, declaró que la Procuraduría General de la República (PGR) ha ocultado información clave sobre el caso de Iguala, que no entregó datos a los padres de las víctimas ni al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el uso de camiones de pasajeros para el tráfico de drogas, pese a que ya había antecedentes de ello. Subrayó que las omisiones y los engaños por parte de las autoridades han sido la constante, (La Jornada, 24/1/17). En entrevista por separado, Alfredo Higuera Bernal, titular de la oficina de investigación del caso Iguala, dijo a La Jornada ese mismo día que no tendría elementos para afirmar si hubo algún ocultamiento (de información al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes o a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa).
Dos versiones distintas. Una tercera opinión es la de David Fernández Dávalos, rector de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, con motivo de la presentación del libro de Carlos Beristain, ex miembro del GIEI, titulado El tiempo de Ayotzinapa. (Véase, 23/01/17). En esta página se pueden leer las apreciaciones de David, mi amigo, como lector del libro mencionado, como sacerdote jesuita, como rector de una universidad privada y prestigiada. Con el valor y la sensatez que lo han caracterizado desde joven, dijo: el de Ayotzinapa es un caso paradigmático porque permite comprender lo que ha pasado y está pasando en el país. Pero fue más lejos y nos invita a reflexionar con toda seriedad sobre las implicaciones de este caso paradigmático, y tres componentes que nos deja el caso: 1. Hay una alianza en la que colaboran una parte del Estado y el crimen organizado. 2. Se da una actuación criminal conjunta entre los agentes del Estado y del crimen organizado. 3. No se realiza una investigación sobre ese crimen cometido por agentes del Estado y criminales organizados. No investigar quiere decir que, o se desvía la investigación o se fabrican culpables, se exculpabiliza (sic) a los agentes del Estado y se recarga sobre sólo los criminales. No hay por tanto una impartición de justicia, y entonces viene la impunidad, esa que se convierte en el mensaje que está por debajo de estos componentes.”
De aquí que enfatizara que el costo del desprestigio que ha pagado el gobierno mexicano por no investigar la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero (acontecida el 26 y 27 de septiembre de 2014), es menor al precio que tendría que pagar si se conoce la verdad de los hechos.
¿Cuál sería ese costo? David Fernández lo dice o, si se prefiere, lo sugiere como para que sus lectores saquemos nuestras propias conclusiones: la alianza entre altos funcionarios públicos del Estado mexicano y el crimen organizado. Sólo esta hipótesis, sin necesidad de especulaciones, explica por qué a los encargados de la investigación sobre el caso de Ayotzinapa se les hizo bolas el engrudo y que, a la fecha, pese a las declaraciones de Higuera Bernal, sigan fluyendo verdades parciales y a medias que, ciertamente, apuntan a la impunidad y al ocultamiento.
Después de leer tantos libros sobre el narcotráfico en México, algunos verdaderos documentos de investigación, y de ver películas y series de televisión sobre el tema, personalmente no tengo duda de que desde hace años (si no décadas) ha existido complicidad entre agentes del Estado y criminales de altísimo nivel y muchísimo dinero (para ellos y para repartir). Desde el caso, comprobado, del general Gutiérrez Rebollo y del dinero que recibía de Amado Carrillo Fuentes (El señor de los cielos), hasta la fecha, ha habido registros de complicidades y de persecución de unos cárteles para beneficio de otros. Las fugas de El Chapo Guzmán serían otro ejemplo de dichas complicidades. Y si se sigue escarbando, se descubrirán más casos y aparecerán los presuntos implicados hasta quién sabe qué nivel de gobierno. El caso de Ayotzinapa (de Iguala en realidad) reveló, muy a pesar de los primeros investigadores de 2014, el famoso autobús cargado de droga para distribuirse en Chicago, Estados Unidos. Fue el GIEI, si no recuerdo mal, el grupo de investigadores que resaltó las inconsistencias sobre dicho autobús y la importancia del trasiego de heroína producida en el estado de Guerrero, producción que no podía pasar desapercibida para los gobiernos municipal, estatal y federal.
El rector de la Ibero, a mi juicio, tiene razón al decir: el costo del desprestigio que ha pagado el gobierno mexicano por no investigar la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero (acontecida el 26 y 27 de septiembre de 2014), es menor al precio que tendría que pagar si se conoce la verdad de los hechos. Esta verdad es la que queremos, por alto que sea el precio para los funcionarios públicos que tratan de ocultarla.

Con dos protestas, padres recuerdan hoy a desaparecidos


José Antonio Román
 
Periódico La Jornada
Jueves 26 de enero de 2017, p. 12
Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, realizarán hoy por la mañana un mitin frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), y por la tarde una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, al cumplirse 28 meses de los hechos de Iguala.
Las acciones, que forman parte de la 28 Acción Global por Ayotzinapa y México, se centran en la exigencia de conocer el paradero de los estudiantes desaparecidos desde los días 26 y 27 de septiembre de 2014, a manos de agentes policiacos e integrantes del crimen organizado.
Melitón Ortega, uno de los voceros de los padres de familia, quienes llegaron desde ayer a la Ciudad de México, señaló que siguen firmes en su lucha por encontrar a los estudiantes y que exigirán a la PGR una investigación seria en contra de los funcionarios de la dependencia acusados de entorpecer las investigaciones e incluso de sembrar evidencias en el proceso, en clara referencia a Tomás Zerón de Lucio, ex director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, y hoy secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional.
La convocatoria incluye acciones contra de las reformas estructurales, el gasolinazo y el encarecimiento de la vida. El mitin se hará a las 10 de la mañana, y la marcha está convocada para las 16 horas.
Trascendió que en los próximos días hará una visita de carácter técnico al país personal del mecanismo de seguimiento para el caso Iguala, que forma parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

martes, enero 24, 2017

Denuncia el FPDT despojo de tierras ejidales en Atenco

Acusan a constructora de violar suspensión
Decenas de integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra recorrieron los parajes Xalapango y El Paraíso, en San Salvador Atenco, estado de México, y denunciaron la invasión de más de 500 hectáreas para la construcción de la autopista Texcoco-PirámidesFoto Javier Salinas
Javier Salinas Cesáreo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 24 de enero de 2017, p. 25
San Salvador Atenco, Méx.
Campesinos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) denunciaron el despojo de más de 500 hectáreas de cultivo de los parajes Xalapango y El Paraíso, en el ejido de Atenco, por el grupo empresarial que edifica el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), el cual ya cercó los terrenos para hacer los accesos y la autopista Texcoco-Pirámides.
Unos 200 ejidatarios recorrieron los parajes para exigir la salida de los trabajadores de las empresas Copsa y Pinfra, quienes entraron a los terrenos custodiados por elementos del Ejército Mexicano y la Policía Federal.
Además, unos 300 individuos, presuntamente contratados por el ex comisario ejidal Andrés Ruiz Méndez protegieron la maquinaria y encararon a los integrantes del FPDT, con quienes estuvieron a punto de enfrentarse.
Los comuneros se congregaron ayer en la mañana en la plaza principal de Atenco y se trasladaron al paraje El Paraíso.
Ignacio del Valle Medina y Jesús Adán Espinoza, líderes del FPDT, denunciaron que el grupo aeroportuario instaló la malla en el paraje Xalapango y los despojó de 300 hectáreas que no acordaron ceder.
Acusaron al ex comisario de entregar en forma ilegal los terrenos al grupo aeroportuario, que se los apropió, a pesar de que está por resolverse un juicio de amparo en el cual se les otorgó la suspensión definitiva para que sus tierras sean respetadas.
Explicaron que también pretenden despojarlos de 200 hectáreas de El Paraíso, de donde la tarde del domingo sacaron una tanqueta del Ejército que resguardaba a los trabajadores que construían accesos al NAICM y la autopista Texcoco-Pirámides.
Los comuneros corroboraron que en Xalapango se colocó malla ciclónica para delimitar las obras del aeropuerto, y demandaron a la constructora detener los trabajos y salir de sus tierras.
Fabián Calderón, gerente consultivo del grupo, respondió que la obra no se detendrá y que los empresarios ya tienen la posesión de los terrenos; no obstante, reconoció que los tribunales no han decidido sobre el destino de los predios.
Más tarde el grupo de campesinos se dirigió a la explanada principal de Atenco y después de las 16 horas bloqueó la carretera federal Texcoco-Lechería, a fin de que se suspendan las obras.

El que PGR haya ocultado información del caso Iguala ‘‘no es error’’: Ortega

  • Tiene el propósito de cerrar en definitiva las indagatorias, dice el padre de un normalista
  • ‘‘Las omisiones y los engaños por parte de la dependencia han sido la constante’’, advierte
Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Martes 24 de enero de 2017, p. 11
El ocultamiento de información clave sobre el caso Iguala, por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) no es nuevo ni se trata de un ‘‘error’’, sino forma parte de una actitud reiterada cuyo propósito es el cierre definitivo de las investigaciones, afirmó Melitón Ortega, padre de uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
Luego de que ayer La Jornada dio a conocer que la PGR no entregó datos a los padres de las víctimas ni al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el uso de camiones de pasajeros para el tráfico de drogas, pese a que ya había antecedentes de ello, Ortega subrayó que las omisiones y los ‘‘engaños’’ por parte de las autoridades han sido la constante.
‘‘Nuestra queja siempre ha sido que desde el inicio le pedimos a la PGR que investigue, que nos dé información clara, verídica, responsable, pero los compromisos que se han hecho se rompen’’, lamentó.
En ese sentido, el ocultamiento de información sobre el uso de autobuses para el trasiego de heroína o sobre la existencia de Gonzalo Martín Souza Neves, supuesto líder de Guerreros unidos, no es un caso aislado.
‘‘No es solamente eso, sino también lo de Tomás Zerón (ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, a quien los padres acusan de alterar la escena en donde los normalistas supuestamente fueron asesinados y quemados) y lo del quinto autobús (tomado por los estudiantes el 26 de septiembre de 2014 y que al parecer transportaba drogas)’’, recalcó.
‘‘Los padres de familia estamos indignados, estamos con ese coraje, porque la finalidad que hoy percibimos del gobierno es que nunca se esclarezca el caso. Lo que pretenden es cerrarlo.’’
Luego de afirmar que la gestión de Raúl Cervantes al frente de la PGR ha sido ‘‘aún más pasiva’’ que la de sus antecesores, Melitón Ortega –padre de Mauricio Ortega, uno de los normalistas desaparecidos– consideró que la supuesta falta de coordinación dentro de la procuraduría no es un error.
‘‘Hay una intención clara de ocultar, de no dar a conocer a otras instancias que hay informaciones importantes. Eso no es falta de coordinación; no es posible que nos digan hoy eso de que fue por error o porque se les pasó algo importante. No vamos a creer en esas palabras’’, enfatizó.
Para avanzar en las indagatorias y llegar a la verdad, el padre de familia consideró de vital importancia que el mecanismo de seguimiento de las recomendaciones del GIEI retome el asunto del tráfico de drogas a través de camiones de pasajeros.
‘‘Ellos son la esperanza para nosotros, porque tenemos la confianza de que así podamos encontrar el paradero de los estudiantes’’, recalcó.

lunes, enero 23, 2017

PGR ocultó el trasiego de droga en autobuses

Caso Ayotzinapa
Antes del ataque a normalistas detuvo con cargamento a líder de Guerreros unidos
El quinto autobús, línea de investigación que no ha sido agotada por las autoridades federales para dar con el paradero de los normalistas 
Fernando Camacho y Gustavo Castillo
Periódico La Jornada
Lunes 23 de enero de 2017, p. 4
Aunque ya tenía conocimiento de que integrantes del cártel Guerreros unidos usaban autobuses para traficar drogas, la Procuraduría General de la República (PGR) ocultó esos datos a especialistas internacionales que sugirieron explorar dicha línea de investigación en el caso de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.
Señalamientos de padres de los normalistas y documentos oficiales de los que La Jornada tiene copia refieren la falta de entrega de información relacionada con antecedentes del tráfico de heroína en camiones de pasajeros.
El antecedente del cual no se dio información a familiares de los normalistas ocurrió el 10 de julio de 2014, en un operativo conjunto del Ejército y la PGR, realizado en Puebla, cuando fueron detenidos Gonzalo Martín Souza Neves y José Bahena Salgado, presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros unidos, en posesión de unos 250 mil dólares en efectivo, tres vehículos y 24 kilos de cocaína, aunque investigaciones posteriores demostraron que se trataba de heroína.
En esa ocasión, la Secretaría de Gobernación informó, mediante el boletín 351/14 –publicado el mismo día de la captura–, que Souza Neves había tomado el mando del grupo delictivo a partir de la detención de Mario Casarrubias Salgado, el 29 de abril de ese año, quedando a cargo del trasiego de droga a través de compartimentos ocultos en diversos vehículos, principalmente en autobuses de pasajeros (sic).
La utilización de autobuses para el trasiego de narcóticos no era nueva. El titular de la Comisión Nacional de Seguridad en ese entonces, Monte Alejandro Rubido, señaló en conferencia de prensa el 30 de abril de 2014 que Mario Casarrubias realizaba tales traslados mediante tráileres con fruta y autobuses.
El tema vuelve a aparecer en el auto de formal prisión dictado a Souza y Bahena, donde se detalla que este último fue descubierto en flagrancia, ya que al momento de su detención introdujo un paquete a la parte posterior de un autobús de la compañía Guelaguetza Tours Inc, cuya sede está en Chicago, Illinois.
Además, en su declaración, Bahena –alias El Chapatín– aseguró que trabajaba para Souza Neves –El Uruguayo–por estar amenazado, e indicó que ocultaba droga y dinero en el autobús porque así trabajaba Guerreros unidos.
No hay información
Pese a que todos esos antecedentes fueron consignados de manera oficial, unos meses después la PGR no los proporcionó cuando le fueron requeridos por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para analizar la indagatoria del caso Ayotzinapa.
El 8 de enero de 2015, por ejemplo, la PGR emitió el oficio 263/2015 en respuesta a una solicitud de información sobre los antecedentes, estructura, líderes y células de Guerreros unidos, e indicó que únicamente localizó datos según los cuales el grupo delincuencial fue formado en 2011 por integrantes de La familia michoacana y los Beltrán Leyva, y opera en los estados de México, Morelos y Guerrero. Además, menciona como uno de sus líderes a Cleotilde Toribio Rentería, El Tilde, detenido en 2012.
Aunque ese documento incluye un esquema mucho más completo de la estructura del grupo, el nombre de Souza Neves no aparece en ninguna categoría, ni siquiera en la de Detenidos o fallecidos, y no hace referencia al tema de los autobuses.
Asimismo, en el oficio 0402/2015, emitido el 8 de febrero de ese año, la Policía Federal incluye otro esquema de Guerreros unidos donde tampoco se consigna la existencia de Souza Neves.
Esta misma falta de datos sobre el detenido o de la utilización de autobuses para traficar drogas puede notarse en los oficios 4800/2015, del 9 de marzo de 2015; el 3417/2015, del 14 de abril; el 9540/2015, del 13 de mayo, y el 137107/2015, del 14 de julio, todos elaborados por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, de la PGR.
En enero y marzo de 2016, la procuraduría dio a conocer dos documentos más sobre el tema, pero en esta ocasión todos los datos al respecto aparecen testados (reservados).
Al presentar en junio de 2016 su informe final sobre el caso Ayotzinapa –conocido como el libro blanco–, la PGR señaló en la página 164: respecto de la versión de que el citado autobús (en referencia a uno de los que tomaron los normalistas antes de ser atacados) podría haber sido utilizado para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, hasta el momento no se encontraron evidencias que sustentaran esa hipótesis.
El hecho de que ninguno de los datos sobre los autobuses le haya sido notificado al GIEI ni se incluyera en las indagatorias del caso Ayotzinapa motivó que los padres de los estudiantes desaparecidos enviaran un documento de denuncia a la PGR, entregado el 23 de diciembre de 2016.
En la misiva –de la cual este diario tiene una copia–, los familiares se quejaron también de que la PGR omitió decir que Souza Neves estaba mencionado con el alias de El Uruguayo en una libreta que se le decomisó a Sidronio Casarrubias, uno de los supuestos involucrados en la desaparición de los jóvenes.
En ese mismo cuaderno, presuntamente Casarrubias también tenía anotados los nombres y teléfonos de Omar Hamid García Harfuch, entonces coordinador de seguridad regional de la Policía Federal en Guerrero, y Leonardo Vázquez, secretario de seguridad pública de esa entidad.
El no mencionar esos datos ni a los padres ni al GIEI podría indicar que no ha habido buena fe de la PGR y es más grave aún porque se trata de información de especial relevancia, considerando que una de las hipótesis que los expertos recomendaron seguir para explicar el ataque contra los estudiantes era que éstos tomaron autobuses usados por el crimen organizado para traficar droga, señala la carta elaborada por padres de los normalistas.
En efecto, los integrantes del GIEI pidieron al gobierno de México que no descartara en la indagatoria la existencia de un quinto autobús, que el 26 de septiembre de 2014 fue tomado en Iguala por normalistas, pero no fue atacado.
Frente a la insistencia del GIEI en que dicha línea de investigación debía agotarse, la respuesta del gobierno federal ha sido siempre que no cuenta con antecedentes de que se emplearan autobuses para el trasiego de narcóticos, lo cual significa que la PGR ocultó información de manera deliberada a los especialistas mientras estuvieron en México, subrayaron los padres en su carta.
Además, cuando el grupo de expertos solicitó en varias ocasiones que se le diera información sobre la estructura de Guerreros unidos, en ningún organigrama aparece el nombre de Souza Neves o su alias de El Uruguayo, a pesar de que el gobierno lo identificó como uno de los supuestos líderes del grupo criminal y sucesor de Mario Casarrubias.

Ayotzinapa y la rectificación ineludible


D
ocumentos oficiales de los que La Jornada tiene copia prueban que la Procuraduría General de la República (PGR) retuvo información relacionada con el tráfico de estupefacientes en camiones de pasajeros por organizaciones del crimen organizado, pieza clave en el caso Ayotzinapa. Dichos documentos dan cuenta de la detención, en julio de 2014, de Gonzalo Martín Souza Neves, El Uruguayo, y José Bahena Salgado, presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros unidos, así como de un boletín emitido el mismo día de la captura en el cual se asentaba que Souza Neves coordinaba el trasiego de drogas en compartimentos ocultos en autobuses.
Cabe destacar que la verdad histórica sostenida por la PGR, a la fecha, se basa en buena medida en las declaraciones del presunto culpable Gildardo López Astudillo, alias El Cabo Gil. De acuerdo con la versión obtenida por la procuraduría y después impugnada por las alegaciones de tortura presentadas por el declarante, era sólo un rumor que la organización delictiva usara camiones de pasajeros para mover droga, lo cual se contradice con los documentos con que cuenta este diario y con declaraciones de Monte Alejandro Rubido, titular de la Comisión Nacional de Seguridad en ese entonces.
Al respecto, el médico y sicólogo vasco Carlos Beristain, ex integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), afirmó en entrevista con este diario que la suma de incapacidades de la PGR en la conducción del caso Ayotzinapa, y en particular el ocultamiento de información referido, ameritan una investigación profunda, pues podrían indicar la existencia de dolo por las autoridades.
Martín Beristain fue uno de los miembros del grupo formado a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para coadyuvar en el esclarecimiento de los sucesos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, durante la cual fueron desaparecidos 43 estudiantes normalistas, seis personas murieron asesinadas, y dos estudiantes recibieron heridas de gravedad.
A partir de su experiencia, expuso que los integrantes del GIEI nunca recibieron los documentos existentes sobre el traslado de heroína en camiones de pasajeros, pese a que los solicitaron de manera reiterada, e incluso emplazaron a la PGR para que pidiera esos datos al gobierno de Estados Unidos.
Así, las nuevas pruebas abonan a la serie de investigaciones que han desmentido de manera rotunda el relato según el cual los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron asesinados e incinerados aquella misma noche en el basurero de Cocula por miembros del crimen organizado. La suma de evidencias recuerda también el absurdo e inexplicable afán por sostener en sus puntos esenciales esa historia a lo largo de tres periodos diferentes de la procuraduría: el de Jesús Murillo Karam, artífice de la versión oficial, y los de sus sucesores Arely Gómez González y Raúl Cervantes Andrade.
No queda sino conceder la razón al médico Beristain cuando afirma que, de persistir la falta de resolución a las múltiples irregularidades del caso, la desaparición de los 43 normalistas se hará una herida más sangrienta para México.
Las autoridades deben rectificar más de dos años de una actuación errática, irresponsable e incluso cruel que ha magnificado el repudio social y el descrédito institucional. Una explicación autocrítica de semejante incapacidad y falta de voluntad y, desde luego, la localización de los desaparecidos y el esclarecimiento pleno de las circunstancias de su desaparición son condiciones ineludibles para cerrar la herida y devolver una credibilidad mínima a las instancias de procuración de justicia y al conjunto de las dependencias gubernamentales.

"Si no se resuelven las irregularidades en indagatorias, el tema irá a otras instancias"

Caso Ayotzinapa
  • La suma de incapacidades de la procuraduría habla de dolo: Carlos Beristain
  • Información del traslado de estupefacientes nunca se puso a disposición del GIEI, insiste
Especialista señala que si no se avanza adecuadamente en la investigación, la desaparición de los normalistas se volverá una herida más sangrienta. En la imagen, trabajo de equipo forense en el basurero de Cocula, donde a decir de las autoridades fueron incinerados los estudiantes de la normal rural de AyotzinapaFoto Jesús Villaseca
Fernando Camacho y Gustavo Castillo
 
Periódico La Jornada
Lunes 23 de enero de 2017, p. 5
La suma de incapacidades de la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso Ayotzinapa, en particular el ocultamiento de datos sobre el uso de autobuses para traficar drogas, podrían hablar de dolo de las autoridades, lo cual debe investigarse a profundidad, afirmó Carlos Beristain, ex integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El especialista advirtió que si las irregularidades de la indagatoria no se resuelven, la desaparición de los normalistas se volverá una herida más sangrienta y el tema podría llegar a otras instancias.
En entrevista con La Jornada, el médico y sicólogo vasco constató que al GIEI nunca se le entregó información sobre el tráfico de estupefacientes a través de camiones de pasajeros ni sobre la detención de Gonzalo Martín Souza Neves, El Uruguayo, a pesar de que la solicitaron reiteradamente e incluso llamaron a la PGR a que le pidiera esos datos al gobierno de Estados Unidos.
Esa información estaba en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, pero no se puso a disposición del nuevo equipo que se encargó del caso. Queda en un lugar del cual nadie más tiene ningún control, lo cual muestra que se fragmenta la investigación, lamentó Beristain.
Al preguntarle cómo interpreta estos hechos, el especialista consideró que cuando las incapacidades se suman, muestran que podría haber dolo. ¿Por parte de quién?, ¿A qué nivel de profundidad? Es una cosa que tiene que investigarse.
Si estos puntos no se esclarecen, alertó, sería la peor noticia para México, porque eso no va a hacer más que aumentar el dolor de los familiares. Esa herida abierta se va a hacer más sangrante, más profunda. Y también va a suponer para México que el caso siga permanentemente abierto y llegue a otras instancias, cuando hay elementos suficientes para evitar que todo eso ocurra.

EU ya tenía antecedentes del tráfico

Caso Ayotzinapa
Fernando Camacho y Gustavo Castillo
 
Periódico La Jornada
Lunes 23 de enero de 2017, p. 4
Los indicios sobre el uso de autobuses para el trasiego de droga hacia Estados Unidos fueron analizados también por las autoridades de ese país.
El 8 de diciembre de 2014 la fiscal federal para Illinois, Nicole M. Kim, solicitó a un juez autorizar el registro de inmuebles, vehículos y computadoras de Pablo Vega, señalado como líder de Guerreros unidos en Chicago.
De acuerdo con el primer informe de actividades del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la petición de la fiscal estuvo basada en una serie de escuchas telefónicas que se realizaron durante 2014 a supuestos miembros del grupo criminal.
En una de las grabaciones, dos personas hablan de que los autobuses se utilizaban para mover droga de México a Chicago, gracias a un compartimento especial, e incluso se dan instrucciones de limpiar los vehículos o se advierte que uno de ellos fue interceptado en la frontera.
Cuando el GIEI solicitó en septiembre de 2015 indagar más al respecto, autoridades mexicanas enviaron una solicitud de información al gobierno estadunidense, pero ésta era muy general y no específica sobre el caso de Chicago, subrayaron los especialistas en su segundo informe de actividades.
Debido a ello, el Departamento de Justicia respondió que “la búsqueda sobre Guerreros unidos es demasiado amplia para poder asistir apropiadamente”. La petición fue elaborada y rechazada nuevamente en febrero de 2016.
En abril de ese año la Procuraduría General de la República informó que ya había iniciado el trámite de asistencia jurídica con Washington. Pero al cometer errores de procedimiento –calificados por el GIEI de incomprensibles–, la línea de investigación de los autobuses no se incluyó en la indagatoria.